El que fuera administrador de Haughton y Covington, expuesto a una pena de 5 años, alega discrepancias con su abogada
VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El que fuera administrador de las sociedades Haughton Consulting S.L. y Covington S.L, Vicente S.I, a quien el Ministerio Fiscal solicita una pena de cinco años de cárcel por estafar en 1997 más de 631.000 euros a medio centenar de cooperativistas a quienes ofreció chalés y viviendas en la Cuesta de La Maruquesa de Valladolid, pese a no ostentar la titularidad de los terrenos, no se sentará este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial, contrariamente a lo previsto, al lograr a última hora la suspensión del juicio.
En esta ocasión, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid acordó suspender el inicio de la vista tras recibir sendas peticiones de Covington, que figura en la causa como responsable civil directo, y de la persona física procesada, Vicente S.I, en las que solicitan se les asigne nuevo abogado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En el caso de Covington, cuya petición fue la que motivó la suspensión del juicio, obedece a que el letrado que tenía asignado ha causado baja y, por ello, no cuenta con representante legal, mientras que el presunto estafador se ha dirigido hace un par de días a este mismo tribunal para mostrar las "discrepancias insalvables" que mantiene con su abogada por la línea de defensa elegida por ésta, con lo que solicita nuevo abogado de oficio. En este caso, la Sección Segunda ha dado traslado de esta circunstancia a la abogada aludida para que realice las alegaciones pertinentes.
El proceso judicial se remonta al año 1997 cuando el acusado, Vicente S.I, por aquellas fechas administrador de Haughton Consulting y de Covington y dedicado a la promoción y comercialización de inmuebles, publicitó la construcción de 52 chalés adosados y 30 viviendas de Protección Oficial en la Cuesta de La Maruquesa, en Valladolid capital, con el reclamo de ostentar la propiedad de los terrenos en los que se tenía previsto ejecutar el proyecto.
Así, los ciudadanos interesados constituyeron la Sociedad Cooperativa Limitad de Viviendas Ciudad de Valladolid, con sede en el número 19 de la calle Santiago, lugar en el que tenían su sede Haughton y Covington. La primera de ellas firmó entonces un contrato por el cual asumía la gestión de la cooperativa y compraba a la segunda sociedad la finca en la que se iba a edificar el proyecto.
De este modo, los cooperativistas aportaron a Haughton un total de 140.131 euros y a Covington 260.045 euros. A su vez, los compradores de los chalés entregaron a cuenta de los mismos a Covington unos 480.000 euros.
Sin embargo, con el paso del tiempo, y dado que no se construían las viviendas, los afectados descubrieron que las fincas sobre las que se asentaba el plan parcial no eran propiedad de Covington sino de otra empresa llamada Edison S.A, sobre las cuales la primera sólo tenía un contrato de opción de compra que no llegó a prosperar.
La tesis del Ministerio Fiscal es que el procesado "manejó a su antojo el dinero recibido, reteniéndolo para sí", de ahí su petición, con carácter provisional, de una pena de cinco años de cárcel por delito de estafa y la obligación de indemnizar con más de 630.000 euros, con responsabilidad directa de ambas sociedades, al medio centenar de cooperativistas y compradores afectado, que entregó cantidades de entre 9.466 y 18.030 euros.
