VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, ha reclamado al Ministerio de Trabajo y Economía Social garantías para poder invertir los fondos de las políticas activas de empleo tras valorar que haya "recapacitado y repuesto una parte importante" de esos fondos suprimidos en abril.
Según los datos aportados este miércoles durante la reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas, Castilla y León podría recuperar 65 de 80 millones de euros, de acuerdo con la información facilitada por la Junta.
No obstante, la consejera considera que la recuperación de parte de esos fondos llega "demasiado tarde", cuando quedan "apenas tres meses para que finalice el ejercicio presupuestario" y, por tanto, para "desarrollar y ejecutar los programas".
De ahí que Carlota Amigo haya reclamado una "flexibilización" o modificación de la normativa, que de no atenderse, pondría a las comunidades en "serias dificultades" para ejecutar los programas antes de que finalice el año.
Amigo había reclamado al Gobierno una reposición de los fondos recordando que las políticas activas de empleo son "fundamentales" para reforzar la competitividad del tejido productivo y la reactivación económica. El recorte aplicado en abril habría privado de formación a más de 37.000 personas e impedido la celebración de 2.650 iniciativas para la cualificación y reciclaje de desempleados y ocupados, según ha apuntado la Consejería.
La responsable autonómica de las políticas activas de empleo ha recordado a la ministra Yolanda Díaz que la formación del capital humano es "un factor decisivo" para garantizar una recuperación "más rápida y justa desde el punto de vista económico y social y más equilibrada y cohesionada desde la óptica territorial tras la crisis causada por la COVID-19".
Por último, la consejera ha insistido en que es "absolutamente necesario" incrementar el presupuesto que el Estado destinan a las Comunidades Autónomas para políticas activas de empleo en los Presupuestos del próximo año, ya que "minorar la financiación de las políticas de empleo que desarrollan las comunidades implica menospreciar su contribución a la dinamización del mercado laboral".
