Uno ha pactado tres y cuatro meses y otros dos prometen pagar las indemnizaciones antes del jueves para lograr la misma pena
VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El dispositivo de geolocalización instalado en uno de sus coches por una empresa de alquiler de Málaga condujo a la Guardia Civil de Valladolid tras la pista de tres ciudadanos de origen albanés, con domicilio en Atarfe (Granada), como presuntos responsables de casi una veintena de robos en viviendas, nueve de ellos cometidos en la provincia vallisoletana y el resto en distintas localidades andaluzas.
El vehículo había sido alquilado por uno de los tres acusados y el referido dispositivo fue el que 'delató' su participación en los distintos robos que se iniciaron en la provincia de Valladolid entre los días 18 y 20 de febrero de 2019--dos en la capital, uno en Arroyo de la Encomienda, dos en Zaratán, otros dos en Simancas y dos más en Herrera de Duero--, en los que se apropiaron de joyas y dinero en efectivo, y que luego se extendieron hasta el 7 de marzo en cinco inmuebles de Jaén, tres de Córdoba y uno en Granada.
De hecho, uno de los guardias civiles que participaron en la investigación, durante su declaración en la primera sesión del juicio en la Audiencia de Valladolid, ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que las pesquisas partieron de la declaración de una testigo que identificó la matrícula del turismo en el que viajaban varias personas sospechosas y que a partir de ahí fueron "tirando del hilo" hasta descubrir que pertenecía a una empresa de alquiler de Málaga.
Las investigaciones posteriores llevaron hasta el nombre de la persona que lo había alquilado y al seguimiento realizado al vehículo en su periplo ya por tierras andaluzas.
"Se comprobó, gracias a ese dispositivo, que el turismo estuvo en las inmediaciones de las viviendas robadas y en las mismas franjas horarias en las que se cometieron los hechos", ha aseverado el agente, quien ha señalado como colofón de las pesquisas el registro, con autorización judicial, efectuado el 7 de marzo de 2019 en la vivienda que los tres acusados ocupaban en Atarfe (Granada).
Se da la circunstancia de que uno de los tres encausados, Alexander L, ya no figura en el banquillo tras haber cerrado un acuerdo con el fiscal del caso consistente en tres años y cuatro meses de prisión--tras el cumplimiento de la mitad será expulsado a su país de origen--, frente a los seis años a los que se exponía inicialmente.
La rebaja obedece a que ha abonado 6.687 euros de responsabilidad civil, con lo que, amén de la atenuante de drogadicción, ha logrado también que se le aplique la atenuante de reparación del daño, mientras que los otros dos acusados, los hermanos Ilirjan y Laurel D, se han acogido a su derecho de no declarar pero están dispuestos a reconocer los hechos y a abonar antes del jueves cantidades similares para conseguir la misma condena que su compañero.
INTENTO DE SUSPENDER LA VISTA
Con todo, el juicio prosigue hasta el jueves, y ello también a pesar de que estos dos encausados buscaran la suspensión del mismo tras pretender un cambio a última hora de representante legal, alegando que habían perdido la confianza en su letrada y deseaban los servicios de otro defensor.
Sin embargo, la Sección Cuarta de lo Penal ha rechazado tal pretensión después de retirarse a deliberar hasta en dos ocasiones, argumentando que el objetivo de los dos hermanos no era otro que cometer un "fraude de ley y una dilación indebida", en la misma línea de lo manifestado por el fiscal, y tras recordarles que la solicitud de cambio tendrían que haberla formulado siete días antes del juicio.
La jornada no ha estado exenta de otras anécdotas, desde el retraso en el inicio del juicio a la espera de una intérprete de albanés, que más tarde dilató también el reinicio de la vista al acudir a ampliar la hora de aparcamiento de su vehículo, hasta la petición de agua de los dos hermanos que llevó a uno de los magistrados de sala a ausentarse unos minutos para luego volver con dos botellas que pagó de su propio bolsillo.
A los acusados se les considera integrantes de un grupo organizado que, movido por el propósito de obtener un ilícito beneficio patrimonial, se dedicaron entre los meses de febrero y marzo de 2019 a entrar en distintos domicilios de la geografía nacional, utilizados como vivienda por sus titulares, dañando para ello sus diferentes sistemas de cierre o trepando por las ventanas para, una vez en el interior, apoderarse de cuantos efectos encontraban a su pasado, mayoritariamente joyas y dinero.
