Arahuetes, que se entrevistó el lunes con Chaves, dice que quedan siete meses para negociar las medidas de 2011

Actualizado: miércoles, 26 mayo 2010 12:43

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, el socialista Pedro Arahuetes, reconoció hoy haberse entrevistado el pasado lunes con el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro Política Territorial, Manuel Chaves, para trasladarle su malestar por los recortes que sufrirán los ayuntamientos aunque aseguró que, tras la rectificación del Gobierno, quedan "siete meses" para negociar las medidas de cara al año 2011.

Arahuetes, quien asistió hoy a la conferencia de Emilio Ontiveros enmarcada en el encuentro del Foro Económico 'Perspectivas económicas y financieras', reconoció haberse entrevistado el pasado lunes en la sede de Ferraz con Chaves "y con más gente del Gobierno" a fin de que el "error" fuera modificado y destacó que, tras la "enorme" corrección, se abre una "vía de negociación" para la entrada en vigor de estas medidas el próximo año.

Tras recordar que la medida aparecida el lunes en el BOE le pareció "desproporcionada y nefasta" y negar que "justifique" las medidas del Gobierno, el primer edil de Segovia tampoco se mostró de acuerdo con su entrada en vigor en 2011 --"creo que puede ser malo"-- pero recordó que quedan siete meses para "trabajar" en ese sentido.

A su juicio, dado que el nivel de endeudamiento no es igual en todos los ayuntamientos --los de Ávila y Salamanca son los más endeudados de la Comunidad mientras que los de Segovia y Soria, los menos, aseguró--, no debería de mantenerse el mismo criterio con todos ellos.

Asimismo, desmintió que las entidades locales vayan a comenzar a acudir a las entidades financieras para endeudarse "todo lo que puedan" ya que, aclaró, no existe posibilidad legal de hacerlo, al igual que sucede con las inversiones, sobre las que recordó la existencia de límites legales.

En este sentido, puso de manifiesto que las comunidades autónomas deben autorizar cualquier propuesta de endeudamiento y, por ello, apeló también a la "responsabilidad" de la Junta para que esa opción no se establezca en términos absolutos sino que se estudien los casos de manera individual.