Envía a un juzgado de Pamplona la investigación tras detectar que sus gestores dilapidaron su solvencia mediante "nepotismo" y "amiguismo"
MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado las denuncias presentadas contra directivos de Banca Cívica por presuntas irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de la entidad. No obstante, el magistrado sí ha apreciado irregularidades en una de las cajas que se integró en el banco, Caja Navarra, por lo que ha decidido inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona para que investigue los hechos.
En un auto hecho público este jueves, el magistrado argumenta que ha tomado esta decisión tras conocer el informe aportado por peritos del Banco de España que no han detectado irregularidades ni incumplimientos de la normativa en la constitución de Banca Cívica --por la integración de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol-- y en el préstamo recibido del FROB por importe de 997 millones de euros. Los expertos tampoco han descubierto mala praxis en la salida a Bolsa en julio de 2011 ni en la absorción de la entidad por parte de Caixabank.
Las denuncias fueron presentadas por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y la asociación Kontuz por delitos societarios, falsificación, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica financiera. Velasco dice, no obstante, que la constitución de Banca Cívica fue "una operación fundamentalmente sólida" y su proyecto de integración "consistente y variable".
Respecto a Caja Navarra, el magistrado precisa que ha detectado varias operaciones que podrían haber supuesto "la presunta dilapidación de la solvencia de la caja". El auto asegura que la entidad sacrificó recursos y "realizó inversiones inmobiliarias cuestionadas de amiguismo o nepotismo en el nombramiento de empresas participadas".
Dice también que existen indicios de que se falseó la contabilidad en los ejercicios 2007-2009, realizando inversiones o actuaciones muy sospechosas afectantes a la solvencia y patrimonio neto de la entidad. La caja compró "terrenos a precios desorbitados, haciendo nombramientos cuestionables, negligencias y derroches de recursos públicos", agrega el juez.
EXPERIENCIA EN EL SECTOR
La gestión de Banca Cívica queda, no obstante, libre de sospecha. "No aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos" que apuntaban los demandantes, dice el juez.
Velasco se refiere a los equipos directivos del banco e indica que tenían una "capacidad satisfactoria y adecuada" y que respondían a una "experiencia probada en el sector". Explica que los ajustes puestos en marcha por la entidad no implican que la contabilidad fuera "incierta" ni que estuviese "maquillada" para "engañar a la Administración ni a los usuarios".
Respecto al préstamo del FROB señala que el erario público no sufrió pérdidas puesto que se devolvió con intereses superiores a los comerciales y agrega que tampoco sufrieron perjuicio ni los accionistas ni los preferentistas ya que, al pasar a ser accionistas de Caixabank, quedaron "sometidos a fluctuaciones bursátiles mucho más benévolas" que en épocas anteriores.
El juez admitió su competencia para investigar a los antiguos gestores de Banca Cívica en marzo de 2013. La querella de UPyD hacía referencia a Caja Navarra a la que acusaba de haber incurrido en el cobro indebido de dietas, el falseamiento de la contabilidad, cuentas confeccionada 'ad hoc', minusvaloración de activos, despatrimonialización con inversiones favoreciendo a personas ligadas a las que deciden en la entidad bancaria y compras de terrenos a precios muy superiores a los de mercado.
BÚSQUEDA DE LIQUIDEZ
Todo ello, según UPyD, habría determinado un grado tal de insolvencia que obligó a la caja a buscar liquidez externa por una triple vía: fusión con otras tres cajas bancarias, recabar ayudas públicas del FROB y concurrir al capital privado saliendo a Bolsa, "de modo y manera que lo último es antecedentes y consecuencia de lo primero", según apunta indiciariamente el juez.
Según los denunciantes, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que finalmente conformaron Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".
