El CES cree que la Renta Garantizada no debe ser una medida permanente porque podría "desincentivar" el acceso al empleo

Actualizado: martes, 16 noviembre 2010 13:44

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León considera que la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) no debe convertirse en una medida permanente que pueda "desincentivar" el acceso al empleo sino que debe servir para recuperar las condiciones de autonomía económica y social suficientes para cubrir las necesidades básicas.

En su informe previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo y aplicación de la Ley por la que se regula la Renta, indica que la evolución de la realidad social, entre otras causas por la coyuntura económica, provoca nuevas situaciones de necesidad que exigen instrumentos "muy flexibles" para atenderlas, "con constantes adaptaciones y modificaciones a las cambiantes circunstancias".

En este sentido, el CES recuerda que la RGC supone en Castilla y León el reconocimiento a la ciudadanía del derecho a disponer de medios económicos suficientes para hacer frente al desarrollo de un proyecto de vida digno y normalizado, del derecho a percibir los apoyos personalizados necesarios para lograr la integración social y laboral a través de itinerarios personalizados.

En el texto, el Consejo destaca el carácter "complementario y subsidiario" de la prestación al considerarse la RGC como la última red de protección respecto a cualquier otra prestación contributiva o no contributiva, así como de otros regímenes o sistemas públicos de protección.

NECESIDAD DE UNA BASE ESTADÍSTICA

Por otra parte, apunta que en los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para 2010 se estableció para la Renta una partida de 27 millones de euros y que desapareció la cuantía destinada para el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), que suponía una dotación de 13 millones.

Al hilo de ello, señala que la partida sólo ha sido ejecutada en la parte del IMI, que no se ha ejecutado la parte de la RGC al no haber sido aprobado todavía el reglamento de desarrollo y aplicación de la Ley y que el proyecto de los PCG para 2011 cifra en 27 millones la cuantía destinada a la nueva RGC para llegar así hasta a 5.000 posibles perceptores, al tiempo que se incrementan las cuantías respecto al IMI.

De esta manera, el CES considera que para la eficacia en la aplicación de la prestación es necesario acertar en las previsiones de las necesidades a cubrir y ve conveniente contar con una base estadística "fiable, actualizada y con proyecciones a corto y medio plazo de su evolución".

TRES MESES PARA RESOLVER EXPEDIENTES

El Consejo ofrece a través de 27 páginas un total de siete conclusiones y recomendaciones, entre ellas la referida al coste administrativo. Sobre ello, establece que, más allá del número de personas que se prevea para la puesta en marcha de la nueva prestación, lo importante es que los expedientes se resuelvan en el plazo previsto de tres meses.

Así, considera que, por encima de la retroactividad económica de la Ley, la garantía que se deduce de la normativa sería la de incorporar los recursos necesarios para asegurar el plazo previsto, "ya que aunque la ley prevé la retroactividad económica de prestación, el beneficiario no estaría incorporado a un Proyecto Individualizado de Inserción", según destaca.

Entre otros aspectos, contempla asimismo la necesidad de que se apruebe un nuevo Plan Regional de Inclusión Social en Castilla y León --ahora continúa en vigor el aprobado en 2005-- en el que se recojan los recursos para la inclusión, los protocolos para su aplicación y los procedimientos para su coordinación, ya que a su juicio "serviría de instrumento adecuado para garantizar la igualdad de acceso para toda la ciudadanía a los recursos de inclusión social".