El conjunto de penas suma 11,5 años de cárcel, junto con multas por 20.880 euros e indemnizaciones que superan los 267.000 euros
VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid ha condenado a penas que suman once años y medio de prisión a seis personas que entre los años 2005 y 2006 y de común acuerdo compraron vehículos y electrodomésticos y solicitaron préstamos bancarios, todo ello por un montante superior a los 250.000 euros, mediante el uso de documentación falsificada para así eludir el pago de los efectos adquiridos que, además, transferían posteriormente a terceras personas.
La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, que además de las penas de cárcel incluye multas por importe global de 20.880 y el pago, en concepto de responsabilidad civil, de indemnizaciones que superar los 267.000 euros, no atiende la petición absolutoria de las defensas y coincide prácticamente con la petición global del Ministerio Fiscal, que había interesado un conjunto de penas que sumaban quince años de cárcel y multas por importe de 21.120 euros.
Así, el fallo sitúa como cerebro a Rafael M.F, condenado a tres años de prisión, mientras que otros cuatro de los acusados, Fernando M.S, Jesús M.A, Petra R.P. y Ángel J.J, han sido condenados a penas de dos años y una sexta, hija del último de ellos, María Asunción J.M, a seis meses de privación de libertad, en todos los casos como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
La Sala entiende que Rafael M.F. es el "eje" de la trama, ya que, de común acuerdo con los acusados, se dedicó entre los años 2005 y 2006 a confeccionar documentación falsificada, entre nóminas, contratos de trabajo, certificaciones del IRPF, declaraciones de la renta y DNI, al objeto de presentarla ante distintos establecimientos comerciales y entidades bancarias para adquirir vehículos y electrodomésticos y solicitar préstamos bancarios para así eludir el pago de los bienes obtenidos, que en algunos casos luego eran vendidos a terceras personas.
Gracias a este método lograron cometer distintas estafas en las que resultaron perjudicados Automóviles Polígono San Cristóbal, Hipercor, PC City, Carrefour, el Banco Santander Central Hispano, Hispamar, La Caixa, el Banco Pastor y Caja Laboral, con la particularidad de que uno de los condenados es el que en 2005 fuera director de la sucursal de esta última entidad en la calle Delicias, Jesús M.A.
En este último caso, la sentencia estima que el condenado, que autorizó la concesión de distintos préstamos, no se lucró sino que utilizó parte de esas cantidades para "tapar" descubiertos autorizados por él de forma incorrecta o por haber asumido un riesgo indebido. "Aunque él, personalmente, no haya incorporado a su patrimonio dinero de estos préstamos, lo cierto es que se benefició de dichas operaciones, perjudicando a su propia empresa para lavar operaciones anteriores", determina la Sala.
Los hechos fueron descubiertos a raíz de que el día 23 de febrero de 2006 una de las personas condenadas, Petra R.P, se personara en la sucursal de Caja de Ávila, en la calle Duque de la Victoria, para, mediante la aportación de documentación falsa, solicitar un préstamo personal por importe de 24.000 euros.
Ante las sospechas generadas, el director de la sucursal la emplazó para días posteriores al objeto de formalizar la operación, aunque para entonces ya la esperaba la Policía Nacional, que procedió a su detención. Igualmente, en las inmediaciones de la entidad los agentes hicieron lo propio con el 'cerebro' de la red, Rafael M.F, a quien además ocuparon dos maletines con multitud de documentos falsificados, lo que derivó más tarde en la detención del resto de implicados.
"OPERACIÓN BURBUJA"
Se da la circunstancia de que el principal responsable en esta causa, Rafael M.F, logró que el juicio se suspendiera en una ocasión tras alegar su abogado defensor problemas mentales, si bien el imputado fue detenido poco después por hechos similares en el marco de la denominada 'Operación Burbuja', realizada entre los meses de junio y agosto y saldada con la detención de quince personas.
A todos ellos la Policía Nacional les imputó pertenecer a una banda especializada en la consecución de hipotecas y préstamos personales mediante el uso de documentación falsa. De este modo, y con las diez anteriores detenciones practicadas en junio, la policía da por desarticulado este grupo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
Las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica comenzaron a raíz de la denuncia del director de una sucursal bancaria, ya que tras la consecución de un préstamo hipotecario el solicitante había dejado de pagar las correspondientes cuotas. Las sospechas del director se confirmaron al comprobar posteriormente el Departamento de Riesgos de la entidad que las nóminas que había aportado como documentación eran falsas.
En una primera fase, a finales del mes del pasado mes de junio, se procedió a la detención de diez personas--en agosto se completó la desarticulación con otros cinco detenidos más--por su participación en los hechos.
Se trataba del propio autor intelectual y máximo responsable del grupo organizado, Rafael M.F, su socio y otras personas de cierto nivel en el entramado financiero, tales como una agente colaboradora de entidad bancaria, un agente inmobiliario con establecimiento abierto en el barrio vallisoletano de Las Delicias y un gestor hipotecario.
Éstos, con su actuación como profesionales, daban viabilidad a operaciones financieras de diverso tipo, fundamentalmente de carácter inmobiliario, pero también préstamos personales para la adquisición de vehículos u otros bienes muebles.
También se detuvo a 'testaferros', quienes aportaban sus propios datos de identidad y su participación personal para la materialización de las compras financiadas con documentación falsa que preparaba y aportaba la propia organización ilícita.
Esta segunda operación se encuentra aún pendiente de juicio.
