4 de diciembre de 2020
23 de diciembre de 2012

Condenado en Valladolid a 3,5 años el ciudadano marroquí que cobró a compatriotas por falsas ofertas de empleo

Dos empresarios de Lérida y la exnovia del condenado, también imputados, han quedado absueltos de todos los cargos

VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de tres años y medio de prisión a un varón de origen marroquí, Hamid G, por haber cobrado durante el ejercicio de 2003 distintas cantidades a siete compatriotas bajo la promesa de traer a España a sus familiares y amigos a través de ofertas de empleo que, más tarde, se comprobó que eran falsas.

La sentencia de la Sección Segunda de lo Penal del tribunal vallisoletano, que incluye la obligación del condenado de indemnizar a sus víctimas con las cantidades que les cobró y a pagar las costas del proceso, absuelve de todos los cargos a los otros tres acusados, la que fuera novia de Hamid, Hakima H, por falta de pruebas de su culpabilidad, y a los empresarios leridanos Jeremías R.E. y Francisco Ll.B, en el caso de los dos industriales al entender que el delito ha prescrito, tal y como habían solicitado sus defensores, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El Ministerio Fiscal había pedido cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores--serían tres en caso de que el tribunal hubiera estimado que el delito es de estafa--y multas de 5.760 euros, junto con el pago conjunto y solidario de indemnizaciones por importe global de unos 14.000 euros.

Los hechos desarrollaron durante 2003, cuando Hamid G. comenzó a contactar con compatriotas suyos al objeto de facilitar su llegada a España y les cobraba cantidades de entre 2.000 y 4.000 euros bajo la promesa de facilitarles puestos de trabajo que, sin embargo, no respondían a la realidad.

En todos los casos, una vez que Hamid G. conseguía el dinero, remitía a la ciudad de Lérida la documentación que las víctimas le entregaban y allí, tras aportar los empresarios leridanos ofertas de trabajo, tal y como sostenía el Ministerio Fiscal, se presentaba solicitud ante la Subdelegación del Gobierno de la citada provincia catalana.

Era a posteriori, ya en territorio español, cuando los solicitantes descubrían que el puesto de trabajo habrían de buscarlo en el mercado negro, pues lo único que se les ofrecía era únicamente la entrada legal en España y no un empleo.

Un tercer empresario catalán, Sergio G.Z, habrá de ser juzgado en solitario por idénticos hechos ya que no llegó a compartir banquillo con los anteriores en la Audiencia de Valladolid al encontrarse impedido tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica, aunque todo apunta que en su caso el fallo será también absolutorio si el tribunal aplica la prescripción del delito.