VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El informe de fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León sobre el ejercicio 2012 en la Universidad de Valladolid señala que queda "de manifiesto" un "sobredimensionamiento" sobre todo en las ramas de Artes y Humanidades, Ciencias e Ingeniería y Arquitectura.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega este lunes en las Cortes regionales del informe sobre la Universidad de Valladolid en el ejercicio 2012, una vez aprobado por el Pleno de la Institución. El trabajo corresponde al Plan Anual de Fiscalizaciones de 2013, que contempla auditorías de las cuatro universidades públicas de la Comunidad en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
El documento indica que la eficiencia y economía de la UVA en las áreas de personal, investigación y docencia se encuentra "condicionada por diversas salvedades" como que, en relación a la carga docente, existen tres ramas, Artes y Humanidades, Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, en las que "se pone de manifiesto un sobredimensionamiento del profesorado respecto a los alumnos existentes".
En todo caso, en términos generales, se recuerda que entre 2008 y 2012 la plantilla ha experimentado una disminución del 15,8 por ciento, fundamentalmente registrada en la última anualidad de dicho periodo, que afectó "casi en exclusiva" al personal docente e investigador. Al cierre del ejercicio 2012 los recursos humanos de la UVA estaban integrados por 3.261 personas, con un 70 por ciento de personal docente e investigador y un 30 por ciento de personal de administración y servicios.
A partir de una muestra de personal de todas las categorías el informe ha verificado, por un lado, que las retribuciones de 2012 no experimentaron ningún incremento respecto al ejercicio anterior según lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, por otro, que no se abonó la paga extra de diciembre conforme al Real Decreto Ley de medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria.
El coste de personal se situó 125,4 millones de euros en 2012, con una disminución de 11,4 millones (-8,3 por ciento) respecto al ejercicio anterior.
La UVA, a través del Documento de Plantilla del Personal Docente e Investigador, disminuye la capacidad docente que el Real Decreto-Ley de racionalización del gasto en materia educativa establece para fijar el número de horas que un profesor funcionario con dedicación a tiempo completo debe emplear para impartir docencia.
Esta circunstancia, junto a la reducción experimentada de los créditos impartidos, hizo que la carga docente en el curso 2012/2013 no se incrementase aunque el profesorado de plantilla tuviera que asumir horas de docencia de los profesores asociados no renovados.
Asimismo, el Consejo de Cuentas ha indicado que los controles de presencia y de cumplimiento de horarios fijados por la UVA solo afectan al personal de administración y servicios. Por lo tanto, apuntan que se carece de información "con base objetiva suficiente para conocer la dedicación del profesorado a tiempo completo a labores de investigación, de gestión y a otras actividades distintas de las de impartir docencia".
En otros términos, el trabajo añade que la dependencia orgánica y funcional que tiene el Servicio de Control Interno respecto de la Gerencia "contradice lo establecido por la Ley Orgánica de Universidades", que atribuye al Consejo Social la supervisión de las actividades de carácter económico-financiero.
SISTEMA DE CONTABILIDAD ANALÍTICA
También se avisa de que la UVA no había implantado un sistema de contabilidad analítica en los ejercicios fiscalizados para elaborar un modelo de costes que facilite establecer una financiación adecuada, aunque recuerdan que la norma ha establecido un horizonte temporal transitorio que alcanza como máximo el curso 2015/2016.
Otra advertencia es que el sistema de gratificaciones e incentivos por jubilación anticipada y otras contingencias del personal impide comprobar si la cantidad anual que debería aportarse en el futuro para esos compromisos supera los límites legales.
La iniciativa para la realización de esta fiscalización fue ejercida por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas mediante un acuerdo adoptado el 18 de diciembre de 2012.
La Comisión instó entonces al Tribunal de Cuentas a desarrollar un informe similar al elaborado para el ejercicio 2003 sobre la organización, actividad económico-financiera y gestión del conjunto de las universidades públicas.
