Fiscalía de Valladolid solicita para cada uno de ellos una pena de seis años de cárcel
VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Cuatro personas, el matrimonio compuesto por Isaac B.V. y María del Carmen del V.M, su hijo Isaac B. del V. y un amigo de este último, Juan José A.A, volverán a sentarse a partir de hoy en el banquillo de la Audiencia de Valladolid acusadas de un delito de tráfico de drogas, después de que el Tribunal Supremo anulara el juicio que por estos mismos hechos se celebró en 2008 y que entonces concluyó con sentencia condenatoria para todos ellos.
El motivo de la anulación del juicio es que el Supremo, que estimó el recurso de casación interpuesto por uno de los condenados, entendió que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid causó indefensión a uno de los condenados tras denegarle presentar una prueba sobre su condición de toxicómano.
Por tal motivo, el juicio habrá de celebrarse íntegramente y por la misma sección de la Audiencia vallisoletana, aunque en esta segunda ocasión compuesta por otros tres magistrados distintos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Hace dos años, tres de los acusados, la pareja formada por Isaac B.V. y María del Carmen del V.M, así como el hijo de ambos, Isaac B. del V, fueron condenados por estos mismos hechos a penas de cuatro años de prisión, mientras que sobre un amigo del último, Juan José A.A, recayeron tres años, junto con multas, en todos los casos, de 9.372 euros, frente a los seis años y 20.000 euros de multa que el fiscal había solicitado para cada uno de ellos.
La Sala les consideró entonces autores de un delito contra la salud pública cometido en enero de 2008 desde un 4º b sito en el número 4 de la calle Portillo del Prado.
Durante el juicio, los acusados negaron dedicarse a la venta de drogas, pese a que durante un registro en el domicilio del matrimonio se encontraron diversas sustancias como cocaína, cannabis y hachís, así como MDMA (éxtasis) y cristal, estas últimas en poder de Juan José A.A, quien estaba también en el lugar.
En total, se incautaron 47,47 gramos de cocaína valorada en 2.838 euros; 635,38 gramos con un importe de 1.874 euros; 889,9 gramos de hachís que tendrían en el mercado un valor de 3.986,75 euros y 45 comprimidos de éxtasis cuyo valor ascendería a 205 euros, así como más de 5.400 euros. La suma de todas las cantidades ascendería a 9.372,47 euros.
La Audiencia vallisoletana consideró probado que el matrimonio y su hijo utilizaban el piso en el que vivían para el acopio y posterior venta a terceros de diversas sustancias estupefacientes y que contaban para ello con la colaboración del cuarto condenado.
Todos ellos fueron detenidos después de un dispositivo de vigilancia establecido por la Policía Nacional en torno al domicilio, el cual se puso en marcha tras numerosas denuncias vecinales sobre la constante afluencia de jóvenes toxicómanos a esta vivienda, quienes salían a los pocos minutos del inmueble.
Así, el piso fue objeto de registro el día 25 de enero de 2008 y en él se encontraron las sustancias y el dinero intervenidos y se procedió a la detención de los cuatro acusados.
DROGA ENCARGADA POR EL PADRE.
Isaac B.V. admitió ser consumidor de cocaína, hachís y cannabis que utilizaba para equilibrar su tensión pero negó que se dedicara a su venta.
El acusado, que percibe una pensión por jubilación, aseguró que la droga encontrada en el domicilio era suya y que algunos de los cogollos de cannabis sativa hallados tenían incluso más de dos años, mientras que las libretas con anotaciones datan de años atrás cuando organizaba peñas de quinielas.
El amigo de su hijo, Juan José A.B, ratificó la versión y explicó que la droga intervenida en su poder era un encargo del anterior, quien le había pedido las sustancias durante la primera visita a su domicilio a pesar de que no se conocían de antes y durante una conversación de la que no tuvieron conocimiento ninguno de los otros dos condenados.
En esta línea, indicó que al salir del domicilio de la calle Portillo del Prado se acercó a un bar donde quedó con una persona a la que previamente había llamado por teléfono y que le facilitó las sustancias, todo ello sin que su amigo supiese nada y sin que pudiera entregárselas al presunto autor del encargo hasta el siguiente viaje al domicilio, cuando tampoco llegó a hacerlo ante la llegada de la policía.
Juan José A.B. pretendía obtener así un porcentaje del dinero de la droga que había conseguido para el padre de su amigo (unos 800 euros), ya que tampoco trabajaba, pero aseguró que fue un cuestión que hizo ocasionalmente y como única vez e incluso a pesar de que ese mismo día conoció a quien le hizo el encargo.
