LEÓN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón han firmado este lunes una declaración conjunta en defensa de un pacto de Estado que permita una transición energética "ordenada y justa" y con un mix energético en el que tengan presencia las renovables pero también el carbón autóctono.
El acuerdo ha sido suscrito por los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Asturas, Javier Fernández, y Aragón, Francisco Javier Lambán, quienes previamente han firmado un acuerdo con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en materia de financiación y reto demográfico.
El presidente de Castilla y León ha reconocido que estas tres comunidades vienen sufriendo "un largo y duro proceso de reestructuración del carbón y de la generación eléctrica con carbón" que está teniendo "graves consecuencias económicas y sociales" en estos territorios.
Por ello, han suscrito un acuerdo que plantea un pacto de Estado por la energía donde se mantenga un mix energético "con mayor presencia de renovables" pero que se lleve a cabo un transición energética "ordenada y justa" que permita cumplir los compromisos con Europa en materia de cambio climático pero tenga en cuenta los efectos socioeconómicos en las zonas afectadas.
Al respecto, Juan Vicente Herrera ha explicado que en relación con las centrales de carbón autóctono se pide que se establezca un procedimiento de despacho preferente como obligación del servicio público "que garantice una presencia ponderada del carbón en el mix energético" y así ha recordado que el pasado año, la energía producida por el carbón "sostuvo las necesidad del país cuando falló la eólica o la solar", al tiempo que ha pedido que las centrales se mantengan hasta 2030.
Igualmente, Herrera ha aseverado que estas tres comunidades no van a "tolerar" decisiones unilaterales de cierre por parte de las empresas y han manifestado el respaldo al Gobierno y en concreto al ministro Nadal en lo que se refiere al endurecimiento de la normativa de cierre de las centrales, ya que aunque reconoce que dichas empresas pueden tomar decisiones empresariales "los poderes políticos y el Gobierno tiene que tener la última palabra".
Por su parte, el presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, ha reconido que "en ningún foro" como el que se ha celebrado hoy en León se encontrará "tanta afinidad de problemas" y ha precisado que se trata de enfocar la gestión "pública" desde el punto de vista de "cuestiones de Estado" ya que se trata de cuestiones "que tienen que inscribirse en políticas y soluciones de Estado".
Así, ha reconocido el problema del carbón que afecta a Teruel y el quebranto que supone para este territorio, pero el presidente aragonés ha precisado que se trata de "plantear un mix energético donde haya una parte de carbón para conseguir una generación eléctrica, asumible y segura" para todos los ciudadanos, porque hoy en día las renoable eso "no lo pueden dar.
Asimismo, ha defendido una transición "ordenada en España" porque una "interrupción brutal de la producción" de carbón "tendría una repercusión en los costes muy importante".
Por su parte, el presidente asturiano, Javier Fernández, ha defendido la permanencia del carbón y ha defendido a las térmicas ya que tal y como ha apuntado, aunque defiende las energías renovables, "ninguna de ellas es gestionable" porque no se sabe cuándo lloverá, cuando habrá viento o saldrá el sol.
Asimismo, Fernández, que ha negado que estas tres comunidades sean "negacionistas", ha explicado que tres son los objetivos de la energía que son garantizar el suministro, precios asequibles y que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental y ha precisado que se trata de un sector denominado "de interés general" que está compuesto por empresas privadas "que tienen poder de mercado, pero que no debería decidir cuándo se cierra una instalación", sino que es algo que tendría que decidir "el regulador", es decir, el Gobierno de España.
PUNTOS DEL ACUERDO
A través de este pacto las tres comunidades buscan establecer un objetivo de mix energético y de generación eléctrica de futuro, con mayor presencia de energías renovables, y que defina el camino de la necesaria transición energética hacia el mismo, compatible con la defensa de un aprovechamiento coherente de los recursos autóctonos.
Este acuerdo intenta evitar el grave impacto social y económico del cierre de las empresas vinculadas con este sector que producen una repercusión negativa y que propician la despoblación de las zonas afectadas.
Por ello, en este pacto reivindican algunos de estos criterios ente otros: es imprescindible una transición energética ordenada; la necesidad de establecer un nuevo procedimiento de despacho preferente para las centrales que utilicen carbón autóctono; la estabilidad a largo plazo de contratos de suministro entre empresas eléctricas y mineras; la condición de que las centrales térmicas continúen operativas; establecer fórmulas que permitan una adecuada flexibilidad en la devolución de las ayudas al cierre de las empresas mineras; y la revitalización de las investigaciones en torno a las tecnologías limpias del carbón y de los proyectos industriales asociados a las mismas.
Además, consideran urgente la activación de los fondos previstos para actuaciones de infraestructuras y medioambientales en los municipios mineros, con la dotación de 250 millones de euros prevista en el marco de actuación 2013-2018; así como una estrategia para el fomento de las energías renovables para usos térmicos.
