VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Castilla y León han dado este miércoles su respaldo unánime a la 'Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica de Castilla y León' que tendrá un carácter estable y no sólo para el momento de crisis por lo que se creó en 2013.
La nueva norma parte con el objetivo de ampliar los beneficiarios, unas 200.000 personas vulnerables en 2018 con un presupuesto de 207 millones de euros, casi un nuevo por ciento más que en 2017.
Así lo ha asegurado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en la defensa del proyecto de Ley de la Red de Protección a los más vulnerables que busca mejorar también las respuestas a las necesidades a través de avances en el método de trabajo en red, "reconocido a nivel europeo y por la innovación social" para llegar "a todos los lugares y llegar antes".
Según ha significado la consejera, la nueva Ley, fruto de los acuerdos del Diálogo Social y del consenso y colaboración con las organizaciones del tercer sector que ha logrado elaborar un sistema de protección a los más vulnerables "pionero" en España, deja a un lado el carácter asistencial y se basa en el reconocimiento de "derechos subjetivos" que estarán "públicamente garantizados", por lo que la Administración estará obligada a prestarlos.
La nueva norma crea cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social al considerar como "prestaciones esenciales" el servicio integral ante situaciones de desahucio, las prestaciones económicas para hacer frente a deudas hipotecarias y de alquiler y el servicio para garantizar la alimentación.
Para llegar a más personas, amplía la atención al contemplar, además de las situaciones de vulnerabilidad económica y social, el desamparo personal en casos que requieren una actuación inmediata para salvaguardar la integridad de esas personas, como víctimas de violencia de género, menores desprotegidos o mayores discapacitados o en desamparo.
En total, la Ley recoge, clasifica y regula los 34 recursos que constituirán la Red, once más de los previstos en su inicio, y garantiza su "acceso prioritario" a las personas más vulnerables al incluir, además de los servicios sociales, los de empleo y vivienda destinados a estos ciudadanos y regula herramientas como la valoración del caso, el Plan individual de atención y la figura del profesional de referencia "que garantiza una atención integral, coordinada, personalizada y continuada del usuario".
PUNTO DE INFLEXIÓN
García se ha mostrado convencida de que la nueva Ley supondrá un "punto de inflexión" en el modo de entender la acción de los poderes públicos contra la pobreza y la exclusión en el objetivo último de la Junta de luchar contra la exclusión social y alcanzar la "pobreza cero", punto en el que ha recordado que Castilla y León es la comunidad con menor tasa de hogares con carencia material severa y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privatización material severa.
Desde el Grupo Socialista, la procuradora Ana Muñoz de la Peña, que ha mantenido el tercio de las enmiendas que no han sido aceptadas en la tramitación parlamentaria, ha reconocido que se trata de una "buena ley" de la que ha destacado especialmente el "carácter permanente" de un Red de Protección que nació con la crisis y la supresión del inicial concepto asistencial que ha derivado en el afianzamiento de las prestaciones como carácter subjetivo y con "financiación suficiente".
Dicho esto, Muñoz de la Peña ha advertido de que el PSOE no renuncia a algunas de sus propuestas para mejorar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y se ha comprometido a seguir peleando para erradicar la pobreza en la Comunidad.
En el caso de Podemos, la procuradora Laura Domínguez, que ha mantenido las 20 enmiendas que seguían vivas en este debate -se habían consensuado otras 20--, ha dado un "sí condicionado" para no perjudicar a los susceptibles beneficiarios y desde el reconocimiento de que se han producido avances en un modelo que, según ha aclarado, no es el de la formación morada que aboga por otro que prime lo público frente a lo privado y que prime a los trabajadores.
Domínguez ha reivindicado unos servicios sociales del siglo XXI que tengan en cuenta la realidad actual "y no la de hace diez años" y se ha mostrado convencida de que los servicios funcionarían mucho mejor con una gestión "cien por cien pública" ante lo que el PP ha defendido la colaboración público-privada en cooperación con el tercer sector.
Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, de IU-Equo, ha centrado sus enmiendas en tres grandes bloques para sustituir la referencia del "injusto" IPREM por el SMI, garantizar que la prestación de los servicios sociales se realice siempre desde lo público y desarrollar convenios con entidades como 'Stop Desahucios' para favorecer una comunicación directa, como ocurre ya 'de facto' en algunos municipios.
Desde el Grupo Ciudadanos, que no ha defendido enmiendas, David Castaño se ha mostrado convencido de que la nueva ley sale reforzada tras su tramitación parlamentaria y ha defendido la solidaridad como herramienta básica para hablar de igualdad de oportunidades.
