ÁVILA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La vía penal por las obras de la urbanización 'El Castillo', que promueve Lagos SA en el Campo Azálvaro con el apoyo del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo (Ávila), se inició hoy en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila con la toma de declaración al representante legal de la empresa, citado como imputado a petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Gómez Cortés.
A pesar de la huelga de los funcionarios de Justicia, que ha obligado a suspender hasta ahora todos los juicios y declaraciones previas en el Juzgado número 2, la comparecencia tuvo lugar, aunque los funcionarios en huelga trataron de boicotearlo y de organizar una pitada ante el despacho del juez Miguel Ángel Pérez Moreno, el titular del juzgado.
La protesta no se llevó a cabo finalmente porque "la funcionaria que lleva el caso no está secundando la huelga, no ha sido obligada a pasar declaración como servicios mínimos", explicó el presidente de la Junta de Personal y coordinador del sector de Justicia de CC.OO, Ramón Ramiro.
También los guardias civiles del Seprona que llevaron a cabo las investigaciones sobre las obras ejecutadas en agosto de 2007, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarara nulo el Plan de Saneamiento de Aguas Pluviales, y dos agentes de la Policía Local prestaron declaración ante el juez, aunque no acudieron ni el fiscal ni el abogado de la asociación ecologista Centaurea, que está personada en el proceso como acusación.
Fue a petición del fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Miguel Gómez Cortés, que se citó a declarar a diez personas por las obras "ilegales" ejecutadas en una zona ZEPA y LIC durante el pasado verano.
El miércoles declararán también, en calidad de testigos, la secretaria del Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, Mª Carmen Fernández Ballesteros; el secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo, Francisco Javier Machado Sánchez; y el vocal de la Ponencia Técnica, Javier Melgosa.
