6 de marzo de 2021
18 de diciembre de 2009

Desarticulado en Valladolid un grupo que compraba y vendía terminales telefónicos de manera fraudulenta

VALLADOLID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid, en el marco de la 'Operación Lockard', llevada a cabo durante un mes y medio, detuvo a tres personas, todas ellas de nacionalidad española y carentes de antecedentes policiales, como presuntas responsables de la compra-venta de terminales móviles y tarjetas de prepago con documentos de identidad de terceras personas, sin su consentimiento.

Esta operación policial, llevada a cabo por la Brigada de Información, tuvp su apoyo legal con la entrada en vigor de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, sobre la conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes de comunicaciones públicas, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

A raíz de la investigación iniciada a mediados del mes de noviembre sobre un establecimiento dedicado a la venta de teléfonos móviles, se detectó que podrían estar dedicándose a algún tipo de actividad ilícita.

Después de identificar a todos los presuntos responsables, se procedió a realizar un registro en el establecimiento, donde se recuperó la documentación que estaba siendo usada para cometer el fraude. Se detuvo en ese mismo momento de uno de los responsables, José Carlos L.L, nacido en Soria en 1973 y con domicilio en Santovenia (Valladolid).

Posteriormente, se elaboró un dispositivo policial para la localización y detención de los otros dos implicados que habían sido identificados por los agentes, en concreto de Iván G. P, nacido en 1982 en Palencia y con domicilio en Valladolid, y Fernando G.M., nacido en Madrid y domiciliado en Cáceres, donde fue detenido.

'MODUS OPERANDI'

El 'modus operandi' de este grupo delincuencial consistía en la utilización de unos 30 documentos de identidad de personas de origen extranjero, así como la documentación de algunos clientes que habían acudido a la tienda de telefonía móvil, donde trabajaban dos de los detenidos, para comprar a su nombre packs de prepago, vendiendo por separado el terminal móvil a empresas dedicadas a la exportación y aprovechando el saldo de las tarjetas prepago para descargarlo en números de tarificación adicional tipo 803, previa contratación de dicha línea, recuperando hasta el 60% del valor del saldo de cada tarjeta.

Posteriormente, estas tarjetas eran portadas a otras operadoras, lo que les permitía obtener en la operación un nuevo saldo de 12 euros, repitiendo el proceso de descarga en el número 803 contratado.

Finalmente, agotado el proceso de descarga del saldo de las tarjetas, muchas de ellas eran vendidas en determinados locutorios para su venta entre los clientes de estos establecimientos, todo lo cual generaba una importante amenaza a la seguridad ciudadana, ya que dichas tarjetas podrían acabar en manos de posibles personas integradas en la delincuencia organizada y/o terrorista, que es la finalidad que persigue esta nueva ley al obligar a todos los titulares de líneas prepago a identificarse.

Se ha podido averiguar durante la investigación que la mayoría de los terminales móviles eran exportados a China, donde una vez cambiados el número IMEI se volvían a reintroducir en el mercado internacional para su venta a las operadoras de telefonía móvil.

Los clientes de las citadas tiendas de telefonía afectados por este fraude en la compra-venta de packs de prepago han sido informados de estos hechos, así como de los derechos legales que les asisten, ya que en algunos casos se habían dado de alta hasta 45 packs de prepago a su nombre.