28 de mayo de 2020
16 de noviembre de 2018

Detenido uno de los cuatro encausados por las 'multiestafas' que seguían prófugos

Se trata del marroquí H.Ch, quien fue interceptado este miércoles cuando acudió a Comisaría a renovar su NIE

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid detuvo y puso a disposición de la Justicia al ciudadano de origen marroquí H.Ch, uno de los cuatro encausados que continuaban hasta ahora en situación de busca y captura por el denominado 'caso de las multiestafas', que el pasado mes de octubre concluyó con sentencias de conformidad de un total de 58 encausados.

Lo más curioso del presente caso es que el citado individuo, que se encontraba declarado prófugo de la Justicia, fue interceptado este miércoles cuando se personó en la Comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona para renovar su Número de Identificación de Extranjero (NIE), donde los agentes se percataron entonces de que sobre él pesaba una orden de busca y captura, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Tras ser detenido y conducido al Centro Penitenciario de Valladolid, H.Ch. ha quedado este viernes en libertad provisional, después de que su abogado solicitara la celebración de una vistilla en la Audiencia Provincial donde la sala ha acordado dejarle en la calle hasta la celebración del correspondiente juicio contra su persona fijado para el próximo viernes, 24 de noviembre, donde, presumiblemente, pactará también una sentencia de conformidad para lograr reducir la condena de un año y nueve meses que inicialmente solicita él la acusación pública.

El acusado, quien reside desde hace dieciocho años en la capital del Pisuerga y regenta dos panaderías, alega que cambió hace unos tres años de domicilio y que por eso no le había llegado la notificación del juicio celebrado el pasado día 23 de octubre, en una única jornada, en la Feria de Valladolid. Asegura que por estos hechos declaró hace cuatro o cinco años en sede judicial, sin saber desde entonces que seguía inmerso en dicha causa judicial.

Otros 58 implicados--ahora son ya tres los que siguen en paradero desconocido--se conformaron el pasado mes de octubre con un conjunto de penas que suman 70 años, frente a los 150 que inicialmente solicitaba para ellos el Ministerio Fiscal por delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos continuados de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con delitos continuados de estafa y fraude de prestaciones a la Seguridad Social, extorsión y receptación.

La Policía Nacional de Valladolid culminó en octubre de 2013 la 'Operación Árbol' iniciada en abril que desembocaría con la detención de todos los procesados en lo que se entendió ya entonces como una organización dedicada a la comisión de fraudes a la Seguridad Social y otros delitos como estafa y blanqueo de capitales que se desarrollaban en Valladolid.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por el responsable de una entidad financiera que dio como resultado la detención de dos personas, fruto del convenio de colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas de Seguridad del Estado en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular.

A PARTIR DE UNA GESTORÍA

Prosiguiendo la investigación, el Grupo de Delincuencia Tecnológica, de la Comisaría Provincial de Valladolid, pudo determinar que existía un grupo organizado y que figuraban en lo alto del escalafón Julio J.J--fugado actualmente y con una condena de tres años pendiente por hechos similares--y M.A.M.D, propietario de una céntrica gestoría de la capital vallisoletana, quien contaba con una 'Autorización RED' para efectuar altas en el sistema de la Seguridad Social.

Éste último, prevaliéndose de ello, materializaba las altas en múltiples sociedades y asociaciones controladas por el grupo organizado, que colocaba a personas interpuestas (drogadictos, personas marginales o de escasa formación y con necesidades económicas) al frente de su administración a cambio de pequeñas cantidades económicas.

Los falsos trabajadores eran facilitados por una serie de colaboradores que actuaban de forma coordinada con este gestor, quienes se llevaban también un porcentaje como comisión por sus servicios.

La creación de las empresas ficticias estaba orientada al fraude en su sentido más amplio: los "trabajadores" eran dados de baja los días estipulados legalmente para el cobro de prestaciones por desempleo.

La investigación policial descubrió que algunos de ellos, además, presentaban nóminas aportadas por la organización para realizar múltiples compras con financiación por establecimientos comerciales de toda la comunidad autónoma de Castilla y León.

Así, la organización adquirió diversos vehículos de alta gama (que eran revendidos en el extranjero), equipos informáticos, aparatos electrónicos y de telefonía de última generación entre otros efectos, presentando las nóminas confeccionadas, no pudiendo detectarse por parte de las entidades financieras el fraude hasta que los "compradores" no realizaban el pago de una sola de las cuotas.

La red crecía con el tiempo, a la vez que la organización cambiaba la administración de las mismas para evitar ser detectados. Se investigó más de una veintena sociedades, contabilizándose más de 170 "falsos trabajadores" implicados.

La deuda acumulada con la Seguridad Social de las sociedades se dijo entonces que superaba los 200.000 euros, a lo que se sumaban las cantidades correspondientes a las prestaciones por desempleo indebidamente cobradas por los trabajadores.

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