VALLADOLID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Más de un tercio de todos los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de la Administración aprobados en 2013 por el Consejo Consultivo de Castilla y León derivaron de consultas sobre reclamaciones por asistencias sanitarias, concretamente el 33 por ciento, 245 de un total de 742.
Según informaron a Europa Press fuentes de esta Institución, con sede en Zamora, la importancia que adquieren estas consultas hace que los dictámenes de este tipo dupliquen a los que se generan por daños del mobiliario urbano en los ayuntamientos de Castilla y León o por atropellos de animales en las carreteras.
Asimismo, la relevancia de los dictámenes de carácter sanitario viene determinada también por las indemnizaciones solicitadas a la Consejería de Sanidad por parte de quienes creen que ha existido un supuesto de mala praxis o cualquier otro daño o perjuicio derivado de la atención sanitaria.
Así, a lo largo del anterior ejercicio este tipo de reclamaciones sumó 35.553.925 euros de un total de 80.100.966, es decir que el 44 por ciento del conjunto de las indemnizaciones reclamadas a las administraciones por supuestos de responsabilidad patrimonial correspondieron a este tipo de consultas.
La mitad de los dictámenes de responsabilidad patrimonial sanitaria emitidos en el año 2013 por el Consejo Consultivo, que desde el inicio de su actividad en 2003 ha aprobado 1.700 dictámenes del ámbito sanitario, lo que representan el 14,2 por ciento de su actividad global, fueron aglutinados por las provincias de León y Valladolid, con 63 y 56 respectivamente, seguidas de Burgos y Salamanca -ambas con 35-, Zamora con 18, Ávila con 15, Segovia con diez, Palencia con nueve y Soria con tres.
En el caso de la provincia de León, 22 de los 63 informes derivaron de consultas iniciadas en el Área de Salud de El Bierzo, especialmente en el Hospital de la Comarca; en un total de 199 consultas, la reclamación se originó por asistencias médicas realizadas en hospitales de Castilla y León, en 17 ocasiones por asistencias en centros de salud, y en el resto en otro tipo de centros o circunstancias.
Mediante el criterio de la lex artis, parámetro de la antijuricidad de la actuación sanitaria, se determinan los estándares de servicio, esto es, si la asistencia prestada ha sido correcta; la lex artis se limita al deber de aplicar al paciente, de la forma prevista en los referidos protocolos o en la literatura médica, todos los medios disponibles para su diagnóstico y tratamiento, según el contexto del momento y las circunstancias en que se efectúa la asistencia.
La casuística de los dictámenes sanitarios aprobados en 2013 por el Consejo se puede englobar en las siguientes categorías al tratarse de las consultas más reiteradas: por secuelas y lesiones derivadas de intervención o de tratamiento (69 dictámenes), error, retraso de diagnóstico, falta de medios y/o tratamiento inadecuado (56), deficiente o nula asistencia sanitaria (40), retrasos, falta de pruebas y/o pérdida de oportunidad (39), otras causas (33), contagio o infección hospitalaria (tres), y retraso de tratamiento, retraso y falta de diagnóstico, mal funcionamiento hospitalario y falta de consentimiento informado y secuelas y daños morales (un dictamen cada uno).
Las propuestas de resolución de la Consejería de Sanidad fueron desestimatorias en 213 expedientes, estimatorias en siete y estimatorias parciales en 25; así, finalmente el sentido de los dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo fue desestimatorio en 206 supuestos, estimatorio en doce, estimatorio parcial en 25 y en dos asuntos no procedió la emisión de informe.
Las reclamaciones más elevadas corresponden al dictamen 122/2013, con dos millones de euros, derivado de una consulta por mala praxis iniciada en Segovia y cuyo sentido fue desestimatorio; se dictaminaron tres por 1,5 millones respectivamente, iniciadas también por mala praxis médica en Valladolid, Segovia y León -dictámenes 900/2012, 303/2013 y 304/2013 (las tres desestimatorias); una iniciada en Burgos por 1,2 millones -dictamen 685/2013- cuyo resultado fue estimatorio parcial, y tres más -dictámenes 578/2013, 608/2013 y 646/2013- por consultas iniciadas también por mala praxis en Burgos, en un caso, y en Valladolid, en dos.
OTRAS CAUSAS.
Figuran, en segundo lugar y tras los sanitarios, los 133 dictámenes englobados por el Consejo en la categoría de "otras causas", y que derivan fundamentalmente del ámbito de las Administraciones Locales, pero también de la autonómica: daños generados por las redes de saneamiento y abastecimiento de agua; accidentes en festejos taurinos, caídas en instalaciones municipales, perjuicios por la anulación de licencias y de adjudicaciones de viviendas o daños en vehículos al ser recogidos por la grúa municipal, entre otros.
Las indemnizaciones contempladas en dichas consultas sumaron 41.109.342 euros, siendo la más elevada de todo el año -19.720.582,22 euros- la correspondiente al Dictamen 415/2003, derivado de una consulta remitida por el Ayuntamiento de Palencia a causa de una reclamación por la anulación de una licencia de construcción y cuyo sentido resultó desestimatorio.
Otras de las indemnizaciones más elevadas del año en esta misma categoría se vinculan con el Dictamen 650/2013 -6.140.649,51 euros- por una consulta de la Consejería de Economía y Empleo iniciada en Segovia por la nulidad de la licencia de una concesión industrial; Dictamen 756/2013 -5.426.377,22 euros- por otra consulta de la Consejería de Economía y Empleo iniciada en León a causa de los gastos de concesiones mineras colindantes y el Dictamen 422/2013 -3.143.000 euros- por otra consulta de la Consejería de Economía y Empleo iniciada en Segovia causa de los perjuicios ocasionados por la tardanza en la resolución de la solicitud de autorización presentada para la implantación de un parque eólico.
Ya muy detrás figuran los 94 dictámenes por consultas sobre daños en accidentes de circulación por la irrupción de animales en las carreteras (436.000 euros) y los 83 por accidentes a causa del mal estado de las calzadas, consultas remitidas en similar porcentaje por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y por ayuntamientos y diputaciones (456.180 euros).
DECISIÓN DEL CONSULTIVO
Sobre un total de 208 dictámenes, el 28 por ciento del total de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, el Consejo Consultivo estimó total o parcialmente las indemnizaciones reclamadas que figuraban en las consultas mientras que otros 518 fueron desestimatorios.
Los dictámenes de responsabilidad patrimonial, que han pasado de 20 en el año 2003 a 1.454 en 2010 y a 742 en el pasado año hasta alcanzar, desde la existencia de la Institución, la cifra de 10.632 responden a reclamaciones cuando las indemnizaciones pedidas son de cuantía igual o superior a 6.000 euros en el ámbito de la Junta y 3.000 en el ámbito de otras administraciones públicas.
El 88,6 por ciento del total de los dictámenes aprobados por el Consejo desde el año 2003 derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial, "lo que revela además en qué se traduce en un altísimo porcentaje el trabajo de la institución".
Por motivo de consulta, el análisis provincial de los dictámenes destaca no sólo la importancia de los del ámbito sanitario -especialmente en León y Valladolid-, sino también los incluidos en "otras causas" -daños del ámbito municipal- o los derivados de daños por el mal estado del mobiliario urbano de los ayuntamientos (caídas en las aceras en la práctica mayoría de los casos y daños producidos por los bolardos).
También, tanto por indemnizaciones reclamadas como por su reiteración, destacaron los 113 dictámenes derivados de consultas sobre daños a causa del mal estado del mobiliario urbano de los ayuntamientos, en más de un 90 por ciento de los casos por caídas en las aceras por mal estado de las baldosas, que sumaron 911.957 euros.
