Señala que es "nulo de pleno derecho" al prescindir de la legislación aplicable a los espacios naturales protegidos
LEÓN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción en León presentó recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León contra el convenio de colaboración para la ejecución de la primera fase del teleférico en Vegacervera, suscrito entre el Ministerio de Industria y la Junta.
Dicho convenio, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el pasado día 8 de enero, habilita una partida presupuestaria de 300.000 euros con cargo a los presupuestos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, según informó Ecologistas en Acción en una nota recogida por Europa Press.
"Esta asociación entiende que el convenio recurrido es nulo de pleno derecho al firmarse prescindiendo totalmente de la legislación aplicable a los espacios naturales protegidos, dado que el teleférico se localiza dentro de la Red Natura 2000, en Reserva de la Biosfera y porque en el Espacio Natural 'Hoces de Vegacervera', declarado por Decreto 94/2004 de la Junta, no pueden licitarse obras que pongan en riesgo la conservación de sus valores naturales", puntualizó.
En este sentido, añadió que todavía no se ha dado respuesta a las alegaciones presentadas por vecinos, ecologistas y profesores de la Universidad de León (ULE) al estudio de evaluación de impacto ambiental del teleférico, que en su opinión, sólo podría obtener declaración favorable.
"Ecologistas en Acción se opone rotundamente a la construcción de un teleférico en Vegacervera no solo por los daños irreparables que causará al paisaje y al patrimonio natural, sino también por su falta de justificación", subrayó.
Al respecto explicó que la carretera, recientemente acondicionada, es "segura" y permite llegar en 15 minutos desde Vegacervera hasta la Cueva de Valporquero. Además, manifestó la "absoluta inviabilidad económica y social" de esta costosa infraestructura que, a su juicio supone un "absurdo despilfarro destructivo a mayor beneficio de la constructora adjudicataria".
Por este motivo, exigió la protección del espacio natural que "se piensa alterar", cuyo valor es "incalculable" y por el beneficio socioeconómico a medio y a largo plazo que se conseguirá con la potenciación del turismo rural y de la montaña desde el respeto a la naturaleza.
