ZAMORA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La empresa Europarques, encargada de la explotación del catamarán en el Lago de Sanabria (Zamora), ha anunciado su intención de elevar al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea sus denuncias por presuntos delitos de "corrupción" contra la Junta de Castilla y León.
Según han explicado en un comunicado recogido por Europa Press, tras archivo provisional de la denuncia de corrupción presentada por Europarques contra la Junta, la empresa ha explicado "su respeto y acatamiento de los autos judiciales", aunque han insistido en la "existencia constatable de nuevos elementos probatorios que pudieran dar lugar a la reapertura de la causa".
Asimismo, se han referido a la "existencia de determinados hechos ya presentados que continúan sin ser abordados en los autos" como son, según su propia versión, el "previo conocimiento por parte de la Junta de de las irregularidades ya probadas en la vía contencioso-administrativa", y han asegurado "la existencia de dicha vía judicial que ha dado la razón y ha sido favorable a Europarques en 9 expedientes consecutivos, sin que en ningún caso se abordara la responsabilidad de sus autores".
Por todo ello, han indicado que "no puede continuar obviándose que la improcedencia de los expedientes sancionadores contra Europarques (ya anulados en la vía Administrativa), era plenamente conocida por la Junta de antes de su incoación, según prueban las comunicaciones internas firmadas y datadas".
Del mismo modo, han insistido en "la improcedencia de un concurso público anulado por contener en su redacción el nombre del único concursante presentado, y porque dicha improcedencia era, además, previamente conocida por la Junta , según reflejan expresamente los faxes redactados y remitidos a Valladolid desde el Servicio Territorial de la Junta de CyL en Zamora", han comentado.
Así, Europarques considera que se vulneran los derechos fundamentales, y los servicios jurídicos de la empresa elevarán inicialmente sus denuncias de corrupción al Tribunal Constitucional y a la UE, sin descartar otro tipo de acciones contempladas por el estado de derecho.
