Apunta a problemas urbanísticos en Zarra y apuesta por los almacenes individualizados en las mismas localidades donde ya hay centrales
MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace opinó hoy que el Gobierno "se equivoca si quiere seguir adelante con un proyecto tratando de imponerlo sin consenso" entre las administraciones y la población, ya que la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), ya sea en Zarra (Valencia) o en cualquier otra localidad, implica "albergar los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas".
En declaraciones a Europa Press Televisión, el responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Carlos Bravo, apostó en primer lugar por poner en marcha un "plan de cierre progresivo pero urgente de centrales nucleares" para dejar de producir residuos radiactivos y para albergar los residuos ya existentes subrayó que la mejor opción son los almacenes individualizados como los ya existentes en Trillo o Zorita, los futuros como en Ascó o los probables como Garoña.
En el caso de los centralizados, como el que se podría construir en Zarra, el gasto es mucho mayor y hay más peligro, puesto que hay que hacer "transportes sumamente peligrosos hasta llegar a esa zona". "La solución menos mala y la más barata es dejar los residuos en las propias centrales nucleares en almacenes en seco y en superficie", explicó.
Así, cifró en unos 1.200 millones de euros la cantidad de dinero que supondría para las arcas del Estado, mientras que los individualizados sólo suponen unos 25 millones. "En época de crisis invertir ese dinero público habría que pensárselo", añadió.
"PROBLEMAS URBANÍSTICOS" PARA SU INSTALACIÓN EN ZARRA
En el caso de Zarra, donde previsiblemente se instalará el ATC, Bravo argumentó que existen "problemas urbanísticos", puesto que el terreno ofertado no tiene la calificación de industria. "Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que dice que es un suelo no urbanizable rústico", completó.
Además, recordó que la organización Greenpeace ya ha denunciado el proyecto ante la Audiencia Nacional porque considera que vulnera la actual legislación, en referencia al convenio Aarhus sobre participación pública en materia medioambiental.
