VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La asociación 'HazteOir.org' ha presentado a la Junta de Castilla y León 17.600 firmas para que no tramite la conocida como ley de diversidad sexual o ley LGTBI para la que el Gobierno autonómico ha iniciado una consulta previa antes de dar los primeros pasos para su elaboración, ya que consideran que es "profundamente vulneradora de los derechos fundamentales de las personas".
La asociación ha presentado en el registro de la Junta estas firmas, dirigidas al presidente y al vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, con el fin de paralizar la elaboración de la ley para garantizar el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad de Castilla y León, que el Ejecutivo ya ha sometido a consulta abierta.
La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, ha explicado que se han entregado 17.608 firmas, aunque ya superan las 17.700, de ciudadanos que dicen al Gobierno de Castilla y León que "frenen" esta ley y aunque han pedido cita para reunirse con Fernández Mañueco, Igea o algún representante no han recibido respuesta.
García-Noblejas, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que estas son firmas recogidas por la entidad, pero ha destacado que además la Junta, en su portal de participación, ha recibido "miles" de comentarios contrarios a este texto, por lo que consideran que hay un "rechazo masivo" de la ciudadanía a que se apruebe una ley "profundamente vulneradora de derechos fundamentales de las personas".
García-Noblejas ha asegurado que ni Castilla y León ni el resto de España necesitan una ley "en la que se juzgue o se privilegie a gente en función de con quién se acuestan" y ha recordado que la Constitución Española consagra el principio de igualdad entre españoles, de manera que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, obligaciones y "dignidad", sin distinción por el sexo "que cada uno elija".
Además, ha advertido de que con esta ley, si se llega a aprobar, va a pasar como con la de Madrid, que ha explicado que ya tiene 30 expedientes abiertos por posibles sanciones, una de ellas de 20.000 euros a una profesional que atendía consultas de homosexuales que querían consultar dudas o cuestiones acerca de su identidad sexual.
A su juicio, "vulnera los derechos fundamentales, también de los homosexuales", y en Madrid también tiene un expediente sancionador al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, porque en sus servicios pastorales "acompaña a personas con dificultades de identidad sexual".
CHARLAS LGTBI
Además, ha afirmado que es una ley que "obliga" a introducir a los grupos LGTBI a dar charlas en colegios "a espaldas de sus padres" y a enseñar a niños de ocho años "a ver cómo se dan placer a ellos mismos y a otros", algo que ha asegurado que no se inventa y está en el programa escolar de Navarra, donde ya se da.
De la misma forma, ha criticado que en Madrid ya se impartan charlas en varios institutos, que además ha apuntado que están "patrocinados" por CCOO --que acaba de denunciar a HazteOir por "fomentar el odio", en las que se celebra el día de la visibilidad lésbica en los institutos para alumnas de ESO, "que tendrían que estar aprendiendo Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales o lo que el programa curricular establezca."
Por ello, ha explicado que lo que piden al Gobierno de Castilla y León, "no HazteOir sino miles de ciudadanos" es "que no den un paso para aprobar esta ley".
Teresa García-Noblejas ha aclarado que consideran que "toda la dignidad debe ser respetada, todas las personas deben ser respetadas, acompañadas y apreciadas, incluso si tienen una identidad sexual diferente", pero también creen que "esto no tiene que ser pretexto para introducir adoctrinamiento e ideología de género en las escuelas a espaldas de sus padres" ni distinguir a unos ciudadanos de otros o hacer vestuarios en los colegios "para que los niños lo elijan en función del género que se autoperciban ese día según le han explicado los adoctrinadores de género".
La portavoz de la asociación ha añadido que la petición va en la misma línea que su campaña en marquesinas 'Mis hijos, mi decisión', que lo que pide es que se establezca obligatorio el "PIN parental", con el que se exprese el "conocimiento y consentimiento expreso" de los padres antes de que se produzcan las charlas de contenido afectivo sexual en los colegios.
