VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha confiado este miércoles que mantener el consenso "político y social" alcanzado en torno a la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio para desarrollar ahora la norma tras la tramitación definitiva de la Reforma Local estatal.
Herrera se ha referido a este asunto durante su intervención en las Cortes con motivo del Debate de Política General, en el que ha destacado que la ordenación del territorio como uno de los asuntos "más trascendentales" en los que se ha trabajado en esta legislatura y cuya normativa se aprobó fruto de un "intenso" proceso de "participación, debate y búsqueda de acuerdos".
En este sentido, el presidente de la Junta ha defendido que la normativa aprobada en la Comunidad está pensada para garantizar la prestación de servicios a las personas, especialmente a aquellas que viven en el medio rural. "Es radicalmente municipalista y con ello ajustada a la tradición y peculiaridades de la Comunidad", ha aseverado.
No obstante, ha recordado que su desarrollo está condicionada por la tramitación definitiva de la reforma local estatal y ha señalado que ahora, una vez aprobada ésta, se reactivarán los trabajos para desarrollar la Ley de Ordenación. "Tenemos la voluntad de seguir compartiendo políticamente con los grupos que hasta ahora han venido coincidiendo y participando en este esfuerzo", ha aseverado.
"La Junta cree necesario ese desarrollo y lo seguirá impulsando hasta el último día de esta legislatura", ha avanzado el presidente, quien ha establecido cinco líneas de trabajo que deben abordarse "de forma coherente y acompasada".
La primera de estas líneas es el diseño del mapa de las áreas funcionales estable, para lo que, tras establecer un grupo de negociación entre Junta y los municipios de más de 20.000 habitantes, se dará audiencia al resto de municipios.
Así, la segunda línea es la elaboración y aprobación de los estatutos de las mancomunidades de interés general, la tercera es la configuración de la cartera "mínima y homogénea" de servicios de las mancomunidades de interés general rurales; la cuarta es la adecuación de la Ley de régimen Local de Castilla y León a la reforma local estatal y la tramitación como proyecto del ley del Decreto-Ley de medias urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos y la quinta la regulación de la participación de las entidades locales en los ingresos propios d ella Comunidad.
"A nadie se le oculta la gran complejidad de cada una de estas cuestiones", ha destacado Herrera, quien ha incidido en la necesidad de buscar en torno a este tema el mayor "consenso social y político posible" con los objetivos de mejorar los servicios públicos, fortalecer a los pequeños municipios, corregir desequilibrios y apoyar a las entidades locales en el cumplimiento d ellos requisitos de estabilidad y disciplina presupuestaria.
