VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
El número de hospitalizados y el de ingresos UCI pesarán un 60 por ciento en el reparto de los primeros 6.000 millones que el Gobierno inyectará en el mes de julio a las autonomías y que forman parte de un fondo no reembolsable de 16.000 millones comprometidos por Pedro Sánchez el pasado sábado.
Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernandez Carriedo, al término de una reunión telemática entre los responsables del ramo y la ministra María Jesús Montero. No obstante Carriedo, aunque ha mostrado su satisfacción al verse cumplida una de las demandas de la Comunidad, asegura que la reunión no ha colmado las aspiraciones de Castilla y León, ya que el Ejecutivo central no ha entrado a valorar las reivindicaciones sobre el nuevo margen de déficit y la llegada de nuevos fondos adicionales a la Unión Europea.
"Creemos que si llegan nuevos fondos de la Unión Europea debe de haber un reparto justo y equitativo para las autonomías que somos las que estamos soportando el gasto sanitario. Además si también hay un nuevo marco de déficit ese margen no puede recaer en solo en el Estado, sino que también debe repartirse a las Comunidades autónomas", ha explicado.
El consejero ha señalado que, aunque de momento no se han concretado las cantidades que corresponderán a cada autonomía de esos primeros 6.000 millones del fondo no reembolsable comprometido por el Gobierno y que se facilitará en el mes de julio, la incidencia de la COVID-19 estará presente en el reparto. "El número de hospitalizados tendrá un peso del 25 por ciento y el de ingresados en la UCI un 35", ha detallado Carriedo que también ha explicado que en el segundo tramo de la entrega de este fondo, que se realizará en el mes de octubre y con una dotación de 5.000 millones, los porcentajes variarán y serán del "20 y el 13 por ciento". Aquí, ha añadido, también se atenderá a otros criterios como el de la población.
El resto del fondo, ha aclarado, estará destinado a "compensar" los menores ingresos que las Autonomías van a tener en materia de recaudación, algo que no ha agradado a Castilla y León. "No es un dinero para afrontar la factura de la COVID-19", ha lamentado.
De ahí que haya incidido en que se oriente la mayor parte del margen económico acordado en el ámbito de la Unión Europea hacia las Comunidades Autónomas, dada la estructura competencial en España y una distribución "justa" del nuevo escenario de estabilidad presupuestaria, incluyendo déficit y deuda, acorde a las nuevas circunstancias.
Cuestiones, todas ellas, que se deberán aprobar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que deberá ser "en breve" aunque, de momento, no hay fecha "concreta". "Si los primeros 6.000 millones se entregan en julio, antes se deberá aprobar el decreto ley, que debería estar para el mes de junio, así que queda muy poco margen para convocarlo", ha reflexionado.
UNA FACTURA DE 150 MILLONES
Carriedo considera que las Autonomías no van a tener suficiente para pagar la factura del COVID-19 con esos 11.000 millones de euros. "Van a ser insuficientes, no cubre ni de lejos los gastos que estamos teniendo", ha aventurado para señalar que el gasto en Castilla y León, "hace un par de semanas", se situaba ya en los 150 millones de euros.
