VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
Expertos en materia de contratación pública han participado este jueves en una jornada con operadores de contratación, sindicatos, universidades o empresas del tercer sector organizada por el Consejo Consultivo de Castilla y León --a través de su Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales-- y celebrada en la sede de las Cortes regionales en la que se ha enfatizado el "instrumento social" que supone esta fórmula tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos, más allá del mero carácter "economicista" imperante en anteriores normas para las adjudicaciones.
La jornada pretende analizar las herramientas de la nueva ley --que entró en vigor el pasado 9 de marzo-- al servicio de las administraciones para luchar contra el desempleo y mejorar la calidad del mismo, así como para dar visibilidad a la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad y la inserción laboral a través de la reserva de contratos a empresas de inserción y centros especiales de empleo.
En concreto, el presidente del Consultivo, Mario Amilivia, ha defendido este concepto de "contratación estratégica" que valora las anteriores ideas, frente a anteriores leyes en que se apostaba por adjudicar los contratos a aquellos oferentes que realizaran la apuesta más barata.
Por su parte, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha subrayado lo "oportuno" de esta jornada, ya que la contratación pública es una materia "compleja" y "en permanente cambio". En este sentido, ha subrayado que la actual fórmula recogida en la flamante ley "responde a un tiempo nuevo", una vez superado un periodo de crisis en el que la normativa debía enfocarse más a solventar esas dificultades, dando por tanto prioridad a los aspectos economicistas.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Clemente ha recordado que la actual ley veta la contratación con empresas cuyo porcentaje de empleados con discapacidad, en caso de superar los 50 trabajadores, no alcance el dos por ciento de la plantilla, al tiempo que se vigilan las condiciones laborales o de remuneración de los trabajadores.
Para la presidenta del Parlamento autonómico esto es "muy importante", ya que la contratación pública representa en España "el 20 por ciento de todo el Producto Interior Bruto", de modo que se constituye como "una herramienta para hacer política social".
