MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unidad (IU), Chunta Aragonesista (CHA) y la coalición Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) han registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que instan al Gobierno a elaborar un calendario de cierre de las centrales nucleares de acuerdo con su vida de diseño y sin posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones por encima de 30 años.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se reclama la creación de un fondo que se nutrirá del total de los beneficios de las centrales amortizadas y destinará un 20 por ciento al mantenimiento y seguridad de las centrales, un 15 por ciento al gestor de la central, un 15 por ciento a la dinamización social y económica de las zonas afectadas por el cierre de las centrales y un 50 por ciento al impulso y la inversión en planes de energías renovables y de mejora del ahorro y la eficiencia energética.
Este grupo considera "necesario" limitar a 30 años la vida de útil de las centrales nucleares, eliminando cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de las concesiones y fijando por ley los criterios para adelantar su cierre. Para ello, contemplan que el plan de cierre sea "ordenado y gradual" y tenga el año 2020 como horizonte.
Además, han registrado en el Congreso otra proposición no de ley sobre el impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos, para su debate en Comisión. En este texto, piden al Gobierno que establezca un impuesto de alcance estatal sobre la producción de la energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos radioactivos, con la finalidad de "gravar la contaminación y los riesgos sobre el medio ambiente y la salud humana que ocasionan".
En el caso de que las comunidades autónomas ya tuvieran aprobados con anterioridad otros impuestos con el mismo hecho imponible, han señalado que "la compensación por parte del Estado deberá tener un alcance suficiente para compensar económicamente su derogación". Por último, detallan que una parte del rendimiento derivado de este impuesto quedará afectado y se destinará a un Fondo de desarrollo de alternativas económicas a las zonas con centrales nucleares.
Estas formaciones afirman que el debate nuclear se ha reabierto en Europa después de la catástrofe en tres centrales nucleares de Japón, como la de Fukushima, y han advertido de que, a pesar de no poder comparar la situación vivida en Japón después del seísmo con la de las centrales en Europa, "existe un grave riesgo de seguridad en las instalaciones nucleares". Un hecho que --según denuncian-- se ha visto demostrado con accidentes de diferente gravedad como los escapes y fugas radiactivas en Ascó en 2007.
En cuanto a la creación de un impuesto sobre la energía nuclear, IU, ICV-EUiA y CHA apuntan que éste se justifica por multitud de razones, entre las que destaca el impacto y riesgo ambiental que genera, problemas no resueltos como los residuos nucleares, así como su importancia relativa sobre el total de producción eléctrica.
RECLAMAN UN CSN MÁS TRANSPARENTE
Junto a ambas iniciativas, este grupo parlamentario ha presentado una proposición de ley de reforma de la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, con el objetivo de responder a "la demanda social en torno a la transparencia, información y participación pública en materia de seguridad nuclear y protección radiológica".
En este sentido, proponen plantear una modificación de la norma del CSN, en su artículo 12, para establecer un régimen específico de derechos de los ciudadanos en su relación con el Consejo de Seguridad Nuclear. Asimismo, introduce una habilitación a la autoridad sancionadora para elevar la cuantía de las sanciones muy graves hasta el doble del beneficio obtenido por la comisión de la infracción, siempre que resulte de una omisión o de un acto alevoso.
QUIEREN RESPUESTAS DEL GOBIERNO POR ESCRITO
Por otra parte, la diputada adscrita a este grupo Parlamentario de Izquierda Plural, Laia Ortiz i Castellví (ICV), ha formulado al Gobierno una batería de preguntas parlamentarias en este sentido. Para la diputada, la central de Garoña (Burgos) "ha cumplido su ciclo de vida útil, es obsoleta y preocupa por su falta de seguridad". Por ello, cuestiona al Ejecutivo sobre la posible aprobación de una prórroga de su funcionamiento, aun sabiendo --según matiza-- el "riesgo de accidente" que comporta.
De la misma forma, pregunta al nuevo Gobierno si comparte la necesidad de realizar un debate en profundidad en torno a la energía nuclear en España antes de planificar nuevas instalaciones nucleares, como el caso del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Asimismo, la parlamentaria ha instado a aclarar si las reformas a acometer para garantizar la seguridad de las centrales nucleares españolas van a repercutir en el precio final de la energía eléctrica.
Por último, ha señalado que "uno de los problemas de la economía española son los elevados costes energéticos que benefician especialmente a la producción nuclear e hidroeléctrica" y, por lo tanto, ha instado al Gobierno a responder sobre si va a plantear la modificación de la regulación del mercado eléctrico "para corregir el déficit tarifario y los --a su juicio-- escandalosos beneficios que obtienen las eléctricas que usan determinadas tecnologías".
