VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del denominado caso de 'La Perla Negra', ha dictado un nuevo auto en el que mantiene la imputación contra contra doce personas, seis exaltos cargos de la Junta y otros seis empresarios más, por distintos delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, al tiempo que ha acordado ampliar la imputación contra el ex viceconsejero de Economía Rafael Delgado.
En su auto, el instructor desestima los recursos interpuestos por los imputados tras recordar el "análisis pormenorizado, concienzudo y
objetivo de todo lo actuado durante más de cinco años, análisis
objetivo que corresponde al juez instructor y no puede ser
sustituido por el análisis subjetivo interesado de parte".
Aunque reconoce que "todo es discutible y cuestionable", el juez apostilla que su auto recurrido se limita a describir unos hechos que considera son "los ajustados a la realidad, pero no supone sentenciar definitivamente lo mismos ni prejuzga, sino constata la existencia de indicios o elementos que los apoyan", según informan fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Además, a instancias de la Fiscalía, el juez acepta ampliar los antecedentes fácticos que implican al exviceconsejero Rafael Delgado por lo que respecta al piso que ocupó en régimen de alquiler en Valladolid cuando era propiedad de Tecnicyl S.L., cuyo administrador único era Ángel R. M., quien participó en el capital de Urban Projects PM3 S.L., en la fecha de arrendamiento del edificio de Soluciones Empresariales, llevó las conversaciones con el estudio de arquitectos Lamela antes y durante la tramitación del expediente 20/05, y acudió a Nereo Inversiones y Proyectos S. L. de la que es administrador único Carlos G.M., quien ha ostentado cargos de administración en Cementos la Bureba S.L. y Parque Empresarial de Portillo S.L. desde marzo de 2009 hasta julio de 2012.
Esta vivienda fue adquirida por Samuño Activos S.L., mercantil participada por Rafael Delgado el 20 de septiembre de 2012
El auto es un paso más en la instrucción de César Gil Margareto respecto de una causa declarada en 2016 de especial complejidad que llegó a investigar a una treintena de personas y que acordó seguir los trámites de procedimiento abreviado contra doce imputados tras considerar que actuaron en connivencia en las compras del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo y de terrenos en Portillo para un polígono industrial que no llegó a ejecutarse.
Entre los implicados incluye a la cúpula de la Consejería de Economía en la época en que estaba al frente Tomás Villanueva--queda fuera debido su fallecimiento--y compuesta por Rafael Delgado Núñez, quien ocupó distintos cargos como segundo del anterior, tanto en calidad de viceconsejero como luego secretario y en ADE Internacional, Gesturcal y ADE Parques; Begoña Hernández, también viceconsejero del ramo y con puestos en esas mismas sociedades; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.
Junto a ellos, el juez sitúa a los empresarios Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Carlos González Maestro y Luis Antonio Recio García, vinculados con las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.
El rosario de delitos atribuidos incluyen revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales y/o cohecho.
El instructor entiende que la cúpula de la Consejería de Economía entonces dirigida por Tomás Villanueva e integrada por Rafael Delgado y Begoña Hernández actuó en connivencia con distintos empresarios, tanto de Urban Proyecta como de Parque Empresarial de Portillo, para favorecer a estos últimos en los procesos de compra por parte de la Administración regional de 'La Perla Negra' en Portillo, inmueble destinado a aglutinar distintos servicios administrativos, y de terrenos en Portillo para un polígono que no llegó a ejecutarse.
"INFORMACIÓN PRIVILEGIADA"
En la primera de ambas operaciones, el instructor hace referencia a la información "privilegiada" de la que gozó Urban Proyecta, hasta el punto de que su oferta para la adjudicación del contrato fue la única presentada.
"Luego se realizan una serie de maniobras consistentes en primero, formar la mesa de contratación en la ADE y ante el intento fallido por la resolución de la adjudicación ya que no interesaba a la adjudicataria la condición resolutoria, en segundo lugar, se deriva la operación a Gesturcal, sin ningún tipo de justificación porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo y sin ser parte del objeto social de la misma".
Tras diversas vicisitudes y "pese al incumplimiento de las condiciones relacionadas con los informes de tasación", se firmaron dos contratos de arrendamiento y finalmente un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera--más de 52 millones--, sin que consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía.
"Tampoco existe informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación. No existe justificación alguna para reducir el periodo de licitación a quince días ni tampoco existe justificación para que siete días después de fallida la operación en la ADE se derive la cuestión al consejo de administración de Gesturcal".
Para esta, se trata de una operación que al margen de ser ajena a su objeto social no se ajusta a los principios orientadores de la gestión económica-financiera que afecta a las empresas públicas de la comunidad pues ni existe un previo análisis de la legalidad, sino una precipitada derivación de la operación, ni existió una separación de funciones al ser los dirigentes del consejo de administración los responsables de parte de la tramitación de los expedientes, ni existió objetividad ni transparencia, ni eficacia ni eficiencia económica.
"Todo ello, originó graves problemas económicos y perjuicios tanto a
Gesturcal como al erario al ser sociedad participada públicamente, como
a la propia Consejería de Economía y Empleo", censura el juez, que incluye entre las irregularidades cometidas los posteriores trabajos de acondicionamiento del inmueble y la señalética contratados con la empresa Unifica Servicios Integrales, "sin seguir los requisitos de publicidad y concurrencia y sin que conste la justificación de la incompatibilidad de estos principios con la naturaleza de la operación a realizar".
La actuación presuntamente delictiva de los investigados se habría registrado igualmente en el proceso de compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial, adquisición por la que la Administración regional acabó abonando más de 34 millones de euros.
Al respecto, el instructor sitúa nuevamente en el epicentro de Urban Proyecta, favorecida una vez más con "información privilegiada" y que comenzó a adquirir terrenos rústicos en dicho municipio e impulsando las actuaciones que luego se materializarán en los convenios y contratos con ADE, y todo ello a través de un entramado de empresas con vinculación entre los empresarios investigados y
