La Federación de Atención a la Dependencia cree que el modelo es "clave" desde el punto de vista económico, de gestión y de atractivo
ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, ha asegurado que la Junta acatará la sentencia que anula el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para mayores, aunque estudiará si recurre o elabora un nuevo decreto, pero no renunciará a este modelo "innovador".
García, quien ha inaugurado la jornada 'Pasado, presente y futuro en la atención a las personas mayores en Castilla y León', organizada por la Federación de Castilla y León de atención a la dependencia (Acalerte), se ha referido así a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCyL), con sede en Valladolid, que ha declarado nulo de pleno derecho el Decreto 14/2017 (31 de julio de 2017) sobre autorización y funcionamiento de estos centros.
La consejera ha recordado que este modelo está pactado precisamente con el sector, con Acalerte y con la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores de Castilla y León (LARES), y creen en él "firmemente", motivo por el que aunque se acate la sentencia no se va a renunciar a un modelo de "innovación social" de atención a las personas "desde la dignidad y calidad".
García ha insistido en que no se renuncia a ello porque de lo contrario el trato a los mayores se quedaría "anclado" en la institucionalización, "en el pasado", y quieren innovar y atender a estas personas "como si estuvieran en su casa".
La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, tras aclarar que la sentencia ha llegado este martes y hay que verla en detalle, ha apuntado que en el fallo lo que se cuestionan son defectos en el procedimiento de tramitación, pese a que se ha hecho como las normas de la Comundidad lo prevén y no se puede "adivinar" lo que va a decir una sentencia "si la normativa no la prevé".
Así, como ejemplo, ha incidido en que se señala que debían haberlo participado en el Consejo de Acción Social, pero este órgano no tiene este tipo de funciones, por lo que "difícilmente" se puede hacer. En definitiva, ha asegurado que se señalan defectos de procedimiento que son "más exigentes" que lo que exige tramitación de un decreto de la Junta.
Aunque lo estudien los servicios jurídicos, la consejera ha avanzado que si es necesario se elaborará un nuevo decreto y se tendrán en cuenta estos requisitos "mucho más exigentes" que los previstos en la normativa, pese a que no se descarta el recurso.
OPINIÓN DEL SECTOR
Por su parte, el presidente de Acalerte, Diego Juez, ha destacado que Castilla y León es "pionera" con este modelo, es diferente "en algo muy especial" y ha afirmado que a nivel nacional se mira a Castilla y León "con ojos diferentes" e intentan copiar este sistema centrado en la persona.
Además, considera que es un camino sin "retorno" porque la forma de tratar a los mayores se está cambiando y debe hacerlo, ya que "no se puede estar con decretos antiguos o forma de tratar a los mayores bastante atrasadas".
Ahora, ha añadido, se trata de poner al mayor en el centro del sistema y éste modelo les parece "clave" desde un punto de vista económico, de gestión y de atractivo para los mayores.
A este respecto, ha asegurado que si se preguntase cómo quiere la gente que se la trate de mayor se aproximaría mucho a los conceptos de las personas que actualmente reciben atención, con cuestiones como que las conozcan y las traten como ellas quieran.
"Este tipo de sentencias, que tendremos que hablar, no va a cambiar en la atención en Castilla y León", ha afirmado Juez, quien cree que si en alguno tiene ventaja y es diferenciadora la Comunidad es en que si algo se intenta hacer bien son los servicios sociales, "principalmente este modelo activo por el que hay que apostar".
