15 de noviembre de 2019
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  • 10 de septiembre de 2019

    La Junta descarta la petición de Vox para que colegios pidan permiso a los padres para actividades "polémicas"

    VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

    La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha descartado este martes que se vaya a implantar un sistema como el denominado 'Salvaguarda' en la Región Murcia por el cual los colegios tienen que solicitar autorización expresa a los padres para las actividades especialmente "polémicas" que organicen.

    Así lo ha señalado Lucas en respuesta a una pregunta parlamentaria del procurador de Vox en las Cortes, Jesús García-Conde, quien ha preguntado si la Junta tiene intención de implantar un procedimiento de consentimiento expreso como el que ha apuntado que el Gobierno de la Región de Murcia, formado por el Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo de la formación de ultraderecha.

    Rocío Lucas ha explicado que en los boletines de matrícula de los centros educativos hay una casilla en la que los padres pueden optar por la asignatura de Religión, bien sea católica, evangélica o islámica, o bien por la de Valores Cívicos.

    En todo caso, ha recalcado que la Consejería no prevé implantar un sistema de autorización expresa, "sin perjuicio de que se pueda solicitar autorización para determinadas actividades", algo que ha recordado que es "habitual" en los colegios.

    El representante de Vox ha considerado que el sistema conocido en Murcia como 'Salvaguarda' evita que se promuevan "posicionamientos ideológicos" en materias sensibles, como la religión o asuntos como la sexualidad en los que ha afirmado que se han dado situaciones en las que se han dado "talleres" de formación por parte de "activistas" en lugar de por profesionales acreditados.

    El procurador de Vox ha recordado que la Fiscalía admitió a trámite un recurso de Abogados Cristianos contra el Protocolo de Transexualidad de la Junta de Castilla y León. Según García-Conde, ese documento presenta el riesgo de garantizar derechos "solo a unos pocos" e imponer "posiciones liberticidas" al resto de la población.