SORIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), ha justificado su abstención en el proceso concursal de Puertas Norma, en la defensa del crédito público, tal y como ha trasladado en un comunicado el Ejecutivo regional a última hora de esta tarde.
De este modo, la ADE, desde su posición de acreedora en el proceso concursal de Norma, ha analizado jurídicamente sus situación "desde su obligación" de defender un crédito de carácter público "ha interpuesto una demanda incidental" para obtener la modificación de la calificación de su crédito en los textos definitivos de la lista de acreedores".
Este hecho se ha producido una vez que la Junta pidió la solicitud de ampliación de plazo en el juzgado el pasado 26 de junio para que la ADE pudiera ejercer con "plenas garantías" su derecho de adhesión o voto en contra a la propuesta de Nueva Norma Dymsa y de haber pedido la modificación de calificación de al menos parte del crédito reconocido a la Administración regional.
En esta situación y "dado el escaso tiempo que ha mediado", señala el comunicado de la Junta, entre la desestimación de la Administración Concursal de la solicitud de modificación de la lista de acreedores (26 de julio) y la votación del convenio de acreedores que ha tenido lugar en el día de hoy, la situación de pendencia en la que se encuentra la clasificación definitiva del crédito hasta la resolución de la indicada demanda incidental, "ha hecho imposible" la tramitación administrativa y reglamentaria preceptiva para que la ADE fuera autorizada a pronunciarse sobre el referido convenio "con las garantías necesarias" que exige el interés público de dicho crédito, y según la Ley Concursal, ha procedido a abstenerse respecto a la propuesta presentada.
La ADE "valora y reconoce el esfuerzo que están realizando todas las partes en la búsqueda de una solución a la crisis de la Puertas Norma", señala en la nota de prensa.
En este sentido, la ADE "seguirá trabajando" hasta alcanzar la solución definitiva del futuro industrial de la planta de San Leonardo y sus empleados, "como siempre ha venido realizando" y continuará haciendo en el futuro, "siendo su posición de hoy la única posible desde el punto de visto jurídico con el respeto a la legislación vigente y el interés público que representa".
