VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reactivado los servicios de atención a menores a cargo de cuidadores afectados por el virus ante el agravamiento de la pandemia con un paquete de medidas orientado a garantizar su atención inmediata y la cobertura de sus necesidades básicas cuando no exista un adulto que pueda atenderlas.
Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la consejera de Familia, Isabel Blanco, quien ha explicado que esta decisión implica reactivar el protocolo de actuación articulado a principios del pasado mes de abril, durante la primera ola, y que ha estado vigente también en la segunda.
En la primera ola, ha explicado la consejera, se detectaron nueve casos en esta situación, aunque no fue necesaria la utilización de estos servicios al encontrarse otra solución entre familiares o situaciones que permitieron no hacer uso de ellos --menores de 16 o 17 años se quedaron en sus domicilios atendidos por la Junta--, ya que son el último recurso.
Se trata de anticiparse así a situaciones que puedan sobrevenir como consecuencia del empeoramiento de la crisis sanitaria y lo hace teniendo en cuenta que casi el 90 por ciento de los brotes se están produciendo en el entorno familiar y social, lo que puede dar lugar a casos en los que los progenitores o cuidadores habituales de menores se encuentren hospitalizados y no exista nadie de su entorno que pueda hacerse cargo de ellos, momento en el que el Gobierno autonómico activa sus recursos para dar una respuesta a la necesidad emergente.
El objetivo último es asegurar los cuidados esenciales de alimentación, alojamiento y atención sanitaria y educativa a los niños durante el tiempo en el que sus representantes legales no puedan ocuparse de ellos por encontrarse afectados por el virus.
De este modo, y con carácter preventivo, se han habilitado diversas infraestructuras repartidas por la Comunidad para acoger y atender temporalmente a estos pequeños si fuera preciso.
CENTROS
En concreto, en Ávila el espacio reservado es la Residencia Juvenil Arturo Duperier; en Burgos, el Centro San José, gestionado por Cáritas; en León, la Residencia Juvenil La Fontana; en Palencia se han dispuesto un piso de la Fundación Eusebio Sacristán y el Centro San José de Cáritas; en Salamanca se ha previsto un espacio de la Casa Escuela Santiago Uno, y en Valladolid, el Colegio Sagrada Familia.
Ante las necesidades que puedan surgir en las provincias de Segovia, Soria y Zamora, los centros de referencia serán los ubicados en Valladolid, Burgos y Salamanca, respectivamente.
Tal y como ha recordado la consejera, la atención a los menores para procurarles cuidados básicos en estas dependencias sólo se producirá una vez que se haya acreditado la ausencia de otros familiares que puedan ocuparse de los pequeños o su imposibilidad para asumir estas responsabilidades.
De hecho, el protocolo determina que las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales se coordinarán con los servicios sanitarios encargados de alertar de la situación de vulnerabilidad extraordinaria del menor para buscar, como primera opción, un entorno familiar o social alternativo.
En todo caso, este servicio de apoyo ofrecido por el Gobierno de la Comunidad constituirá una opción preferente frente al uso de otros recursos previstos en el sistema de protección a la infancia.
Para la implementación de estas medidas, la Junta cuenta con el apoyo de diversas entidades integrantes de la Plataforma del Tercer Sector, como Cáritas o Cruz Roja, que colaboran ofreciendo sus infraestructuras o servicios, como el de traslado.
REFUERZO DEL APOYO Y LA PROTECCIÓN
La Junta, desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia, ha realizado una intensa labor de vigilancia, seguimiento, atención y protección de la infancia, reforzando los programas de apoyo existentes y creando otros nuevos, adaptados a las necesidades extraordinarias surgidas por la COVID-19.
Isabel Blanco ha recordado que en los meses más críticos, durante la primera ola, el sistema de protección a la infancia en Castilla y León se adaptó para ser capaz de garantizar el cuidado de los más pequeños, con el funcionamiento a pleno rendimiento de todos sus servicios.
En la segunda ola, la Junta promovió guías y protocolos de actuación para su red de centros y amplió los recursos a disposición de las familias -a través del cheque servicio o la ayuda a domicilio- para asegurar el cuidado de menores confinados cuando sus progenitores no podían atenderles por motivos laborales.
La consejera ha avalado el buen funcionamiento del operativo de protección a menores en Castilla y León y ha defendido que las medidas adoptadas en estos meses han contribuido a suavizar el impacto de la pandemia sobre el mismo.
Así, desde la alarma declarada en marzo hasta la fecha, la incidencia del virus se ha limitado a 63 menores (48 en centros de protección, diez en familias de acogida o en guarda adoptiva y cinco en centros de reforma) sobre el total de 1.542 atendidos en el marco del sistema de protección.
Además, ha reiterado su compromiso con el refuerzo de estas políticas en este año, para las que se han reservado casi 61 millones de euros, lo que implica incrementar su presupuesto cerca del 9 por ciento.
BALANCE DE 2020
La consejera, quien ha estado acompañada por la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, ha aprovechado su comparecencia para hacer balance de la actividad de los servicios integrados en esta red de protección a la infancia en el último ejercicio.
Asi, ha apuntado los 1.841 expedientes de protección tramitados; los 1.542 menores tutelados a lo largo del año, y los 1.349 que a finales del 2020 permanecían en familias de acogida (676), en guarda adoptiva (130) o en centros de la Administración autonómica (543). Se trata de unas cifras muy similares a las contabilizadas en un año ordinario, lo que pone de manifiesto la respuesta positiva del sistema ante una compleja situación.
Esperanza Vázquez ha detallado que el 60 por ciento de los menores se encuentran tutelados en familias de acogida, que ascienden a 376 a finales de 2020 (frente a 467 en 2019, aunque aumentan en 75, una línea similar a la del año anterior, cuando lo hicieron en 71). Actualmente se encuentran 88 menores pendientes de acoger, ha añadido.
También se ha referido a las 703 investigaciones previas abiertas por los servicios sociales de la Comunidad, a partir de las 1.256 notificaciones recibidas en este periodo.
Entre los motivos de desprotección (521 detectadas en 2020), la mayor parte las suman las negligencias físicas y psíquicas (267) y a continuación los malos tratos en estos dos ámbitos (49 en cada uno de los casos).
