El fiscal pide 1 año de cárcel, multa de 144.242 euros e inhabilitación por 4 años para el ex presidente del FEGA
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará el próximo jueves a juzgar, en la sede del tribunal en la Casa de Campo, en Madrid, al ex subsecretario de Agricultura y ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca y otros 18 acusados para los que la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre 7 meses y 3 años de cárcel y multas de entre 6.000 y 191.000 euros por el denominado "fraude del lino", consistente en la obtención irregular de ayudas de la UE para la transformación de esta planta para su uso textil.
En el escrito de conclusiones provisionales del fiscal se imputa a López de Coca un delito de tráfico de influencias, por el que se pide 1 año de prisión, multa de 144.242 euros e inhabilitación especial para ejercer cargo público por cuatro años. Se le acusa de presionar al ex consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha para modificar una Orden autonómica que excluía a sus hijos y otros familiares de la obtención de ayudas de la UE.
Al resto de imputados, agricultores y responsables de empresas transformadoras de lino, se les acusa de delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones. La investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de las irregularidades.
EXTRAÑO AUMENTO DE LOS CULTIVOS.
El informe de Anticorrupción describe de forma minuciosa las actividades presuntamente fraudulentas cometidas por agricultores y empresarios de las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura desde la temporada 1997/1998 hasta el inicio de la instrucción del caso, que fue llevado a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Destaca que de no cultivarse en España lino textil hasta el año 1992, se pasó a alcanzar las 91.400 hectáreas en la campaña 1998/1999, "un crecimiento que no estaba justificado ni por las condiciones climáticas existentes en la mayor parte del territorio español ni por la exigua comercialización del producto realmente cultivado". Esta situación determinó que la Comisión Europea dictara unas normas para prevenir abusos en el pago de subvenciones.
La inexistencia de legislación comunitaria en campañas anteriores "privó a las autoridades españolas de los indicadores efectivos frente a posibles fraudes" según el fiscal, y buena parte de quienes hasta entonces habían "aprovechado injustificamente las mencionadas insuficiencias normativas" se agruparon para "llevar a cabo su ilícito designio de enriquecimiento patrimonial".
Para ello, asesoraron a determinados agricultores acerca de la documentación a cumplimentar y de los organismos a quienes debían dirigirse, "asumiendo las más de las veces la tramitación documental ante la instancia competente y limitándose el interesado en ocasiones a sólo extender su firma".
La actividad fraudulenta se instrumentó entonces "por concretas empresas transformadoras de varilla de lino textil a través de solicitudes de subvención formalmente cumplimentadas por sus hipotéticos perceptores y destinatarios, a las que se acompañaron determinadas certificaciones que fueron confeccionadas con el fin de obtener las repetidas ayudas comunitarias".
En algunos casos los funcionarios autonómicos constataron 'in situ' que el provecho agrario declarado en los documentos oficiales era imposible en unas tierras yermas. En otras ocasiones, las noticias surgidas en los medios de comunicación sobre incendios en transformadoras y su relación con el fraude -como las ocurridas en Ecoagrocas o Colisur- motivaron la realizacion de ivestigaciones por parte de la Policía Judicial.
ACUSADOS Y PENAS.
Además de López de Coca, los acusados son, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, Enrique Ruiz Paz y su hermano Gonzalo -responsables de Compañía Linera del Centro (Colino), para quienes se piden 3 años de cárcel y multa de 30.000 euros-; Antonio Muñoz Matínez y Eugenio Alabarces Muñoz Enrique -propietarios de Colisur 2000 S.L, que se enfrentan a la misma pena de los anteriores- y su abogado Enrique Ayala Martínez -2 años de prisión y multa de 191.000 euros-; y los administradores de Celitex Manuel y Santiajo Rojo Rojo -se pide un año y medio de cárcel y 18.000 euros de multa para cada uno-.
Los acusados que operaban en Castilla y León son Esperanza Arroyo Domínguez -que regentaba Texar S.L, y para quien se solicitan 3 años de cárcel y multa de 30.000 euros-; su hermano Eusebio -un año y medio de cárcel y multa de 18.000 euros-; y Victoriano Blanco Alonso y Celedonio Martín Cabreros -responsables de la cooperativa Los Linares, en Zamora -dos años de carcel y 9.000 euros de multa para cada uno-.
También han sido procesados Jesús García Borque y Pedro Millán -propietaros de la transformadora Ecoagrocas S.L. en Ólvega (Soria) -tres años de cárcel y 30.000 euros de multa- y Juan José Martínez Villar -quien captó productores y arrendatarios para los anteriores en Teruel, y que se enfrenta a la misma petición del fiscal. Así como los productores en esta provincia Julián Guillén, José manuel Pérez Espílez y Fernando Calvé Dobón -quienes se enfrentan a 7 meses, 3 años y 2 años de cárcel y a multas de entre 78.865 a 6.000 euros, respectivamente-.
Finalmente, el fiscal acusa al responsable de Lino Textil de Extremadura S.L. Alberto García Valencia, y pide para él dos años de cárcel y 9.000 euros de multa.
El fiscal solicita la comparecencia de 38 testigos, entre los que se encuentra el ex consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha Alejandro Alonso Núñez, al que supuestamente presionó López de Coca, así como técnicos y funcionarios del FEGA y de las consejerías de Agricultura de las comunidades afectadas. Entre las periciales solicitadas se cita el informe de la OLAF, requiriendo la presencia en el juicio de sus autores.
