VALLADOLID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha considerado este martes que no puede haber "más eficacia, eficiencia, rigor y transparencia" en la gestión de la Fundación de Acción Social y Tutela de Castilla y León.
Así lo ha ensalzado durante su respuesta a una pregunta formulada por el procurador socialista Jorge Félix Alonso, quien ha señalado que se destinan 990.000 euros a las labores de tutela aunque la Fundación cuenta con partidas de 4,5 millones, por lo que hay tres millones de euros "para gastos que se desconocen".
Alonso, quien ha acusado a la consejera de "burlarse", ha defendido su deseo de conocer, como parlamentario, "en qué se gasta el dinero publico" y ha puesto en duda "adónde van" los tres millones restantes. "Usted usa la Fundación vaya usted a saber para qué", ha señalado antes de hacer mención, a continuación, a la "tapadera" para otros "fines distintos" para los que, a su juicio, puede emplearla.
La institución, continuó, tiene diez trabajadores de los que cuatro son personas de alta dirección con un sueldo de 67.000 euros, punto en el que preguntó por su labor antes de cuestionar de nuevo el destino de los tres millones que no se invierten mientras, criticó, la Red Mujer se desmantela frente a un aumento de la violencia de género y una reducción de servicios.
"No hay dinero para eso y se gastan tres millones en no sabemos qué", ha lamentado Alonso antes de que la consejera dudara sobre si el socialista quería "mentir o sólo faltar a la verdad" y le aclarara que le ha hecho llegar copia de todas las actas en las que figuran las funciones de la Fundación.
El personal, añadió, esta conformado por un jefe de área, cinco técnicos cualificados y el resto no cualificados con sueldos de 2.000, 1.600 y menos de 1.000 euros, respectivamente, a lo que sumó, para comparar, las cinco fundaciones que en Castilla-La Mancha gestionan la tutela o las once que lo hacen en Andalucía frente a lo que ocurre en Castilla y León, donde se facilita la tutela a 1.300 personas mayores y hace la gestión patrimonial de 1.209 menores.
