VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea Arisqueta, ha anunciado que prevé elevar al Consejo de Gobierno de la Junta en el primer semestre de 2021 el anteproyecto de ley por el que se modificará la Ley de Ordenación del Territorio para, después, remitirlo a las Cortes.
Así lo ha señalado durante la celebración de las Comisiones de trabajo de Ordenación del Territorio y Transparencia, presidida por Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid y sobre el Reto Demográfico, presidida por M Luisa Belén Antón, alcaldesa de Muriel de la Fuente, que se han reunido esta mañana en formato de videoconferencia.
Igea ha comparecido en ambas para detallar los avances realizados por el Gobierno autonómico en tres proyectos estratégicos para la presente legislatura como son la ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización; la modificación de la ley de ordenación, servicios y gobierno del territorio y el impulso de una ley de dinamización demográfica para la Comunidad, explica la Federación a través de un comunicado remitido a Europa Press.
Sobre el primero de los asuntos, la consejería prevé elevar al Consejo de Gobierno de la Junta en el primer semestre de 2021 el anteproyecto de ley por el que se modificará la Lorsergo para seguidamente remitirlo a las Cortes de Castilla y León. "La simplificación, la flexibilización, la participación activa y la voluntariedad son los cuatro principios que vertebran dicho anteproyecto de ley que cuya tramitación continúa", explica.
El trabajo que viene realizando la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación, que se plasma en el nuevo texto, simplifica los espacios geográficos. Así, se eliminan las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (Ubost) y se sustituyen por las áreas funcionales y de los cuatro tipos de espacios territoriales que contempla la ley vigente se pasa a dos: Áreas Funcionales (urbanas y rurales) y Zonas de Especial Actuación.
La flexibilización para la constitución de las Áreas Funcionales Rurales es un segundo principio. Así, explican desde la Federación, desaparecen los requisitos rígidos de la actual normativa para la delimitación de este tipo de espacio rural sustituyéndose por criterios que servirán como pautas para el proceso de delimitación.
Además, es "notoria" la participación activa en el procedimiento para establecer el mapa de Áreas Funcionales Rurales haciéndolo "más colaborativo" por parte de las corporaciones locales, "y más participativo" por los ciudadanos, asociaciones, organizaciones y agentes sociales, es decir, todos aquellos que desempeñen un papel en el territorio. "Y por último, ha de reseñarse que con el nuevo anteproyecto de ley la constitución de las Mancomunidades de Interés General rurales está presidida por el principio de voluntariedad", añade.
RETO DEMOGRÁFICO
Además, Igea ha compartido la actividad de su consejería en relación con la actividad sobre políticas demográficas en las que ha destacado la vertebración interna dentro del Gobierno autonómica de todas las políticas públicas vinculadas con el reto demográfico, la futura Ley de dinamización demográfica cuya tramitación ya ha comenzado y otras actuaciones de interés, como la interlocución con el Gobierno para reclamar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que realmente sea "útil", conste de una financiación "adecuada" y atienda con medidas la necesidad de prestar servicios "en el territorio y a los territorios".
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, una vez asumida esta competencia, constituyó un grupo interconsejerias de dinamización demográfica como órgano técnico de análisis, coordinación, seguimiento y propuesta de actuaciones en materia de dinamización demográfica formado por representantes de todas las consejerías expresando de esta manera la transversalidad de la materia.
"Con la Ley de dinamización demográfica la Junta quiere promover una mayor sensibilización hacia los valores y posibilidades del medio rural, propiciar la diversificación productiva para ampliar la base económica y social del medio rural, fomentar la colaboración público-privada en proyectos de dinamización demográfica más la participación pública en la elaboración, la realización y el seguimiento de planes y actuaciones en materia de dinamización demográfica", añade la Federación.
Además, el vicepresidente y consejero Francisco Igea también ha relatado la labor política e institucional realizada en la Conferencia Sectorial sobre el Reto Demográfico, colaborando "activamente" en la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfica y a la que, finalmente, en representación de la Comunidad la Junta de Castilla y León mostró su desacuerdo.
TRANSPARENCIA.
La comparecencia de Igea ha incluido una parte significativa dedicada al impulso de las políticas de transparencia, recordando al tiempo el propósito de asentar la rendición de cuentas como un eje "esencial" de todas las políticas autonómicas y de introducir el principio de transparencia en la actuación tanto de la Administración de la Comunidad como de todo el sector público de Castilla y León.
La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno está implicada en la tramitación del anteproyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, que ha incorporado aspectos importantes a su paso por el Consejo de Cooperación Local y con la interlocución mantenida con la propia FRMP en lo que se refiere al necesario encaje de las entidades locales en su ámbito de aplicación, aspecto este que es esencial en la superación de los "déficits" de la vigente ley autonómica y que situarán a Castilla y León a un nivel equivalente al de la mayoría de las Comunidades autónomas en nuestro país.
A este respecto, Igea ha recordado los cambios introducidos en el texto de este proyecto legislativo, concluye el comunicado.
