VALLADOLID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
Ninguna de las cuatro universidades públicas de Castilla y León cumple todos los requerimientos de fiscalización exigidos de acuerdo con el modelo ministerial, aunque las de Valladolid (UVA) y Salamanca (USAL) son las más adelantadas en este cumplimiento, según el informe presentado este jueves a las Cortes por al Consejo de Cuentas.
En concreto, la Universidad de Burgos (UBU) no ha comenzado el proceso; la de León (ULE) se encuentra en las fases preliminares y la UVA y la USAL, si bien ya han obtenido información de varios cursos académicos, "aún no cumplen con los requerimientos exigidos por el modelo ministerial".
El Consejo de Cuentas ha entregado en el Parlamento autonómico el informe relativo a la situación en la que se encuentra la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León.
Las actuaciones se han realizado en colaboración con el Tribunal de Cuentas y otros órganos de control externo autonómicos en el marco de una fiscalización horizontal.
El Consejo de Cuentas, en los últimos informes emitidos respecto de las cuatro universidades, ha reiterado en sus recomendaciones la necesidad de que estas procedan a implantar un sistema de contabilidad analítica (SCA).
La contabilidad analítica posibilita, según ha informado el Consejo a través de un comunicado remitido a Europa Press, el cálculo de los costes de docencia de cada titulación a efectos de cuantificar los precios públicos de las matrículas, además de servir de referencia en el análisis de la eficiencia para la implantación o supresión de titulaciones.
En segundo lugar, los costes de docencia e investigación obtenidos deben servir para fundamentar el nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades por parte de la Comunidad. Además, a partir de los costes de cada una de las actividades de investigación, se puede cuantificar los costes indirectos imputados, al objeto de mejorar su financiación.
En cuanto a la organización y medios personales para la implantación del SCA, la UBU y la UVA no han creado órganos diferenciados para la llevanza de la contabilidad analítica y en la ULE y la USAL los órganos creados o las personas designadas dependen directamente del gerente.
Ninguna de las cuatro ha aprobado normativa interna que garantice que la información extraída de los SCA se ponga a disposición de los órganos de gobierno universitarios, por lo que no se respetan las directrices del Modelo que proponen que las oficinas de contabilidad analítica dependan funcionalmente del Consejo Social.
El modelo no atribuye a las comunidades autónomas ninguna participación en el procedimiento de implantación, por lo que Castilla y León no ha realizado ninguna actuación con el fin de coordinar, tutelar y validar el proceso.
En cuanto a la fijación de los precios públicos de los estudios oficiales, los procedimientos aplicados por la Comunidad de Castilla y León en las matrículas no tienen en consideración los costes de prestación de los servicios docentes de las universidades públicas de la Comunidad.
Al no haberse implantado el SCA, las universidades no han cumplido con la principal condición técnica necesaria para que la Comunidad pueda imponer una nueva política de precios públicos de las matrículas en las titulaciones oficiales, cimentada en los costes de prestación del servicio, tal y como establece la LOU.
Además, la Comunidad no ha adaptado su modelo de financiación de las universidades públicas a la contabilidad analítica de las mismas, por cuanto los sistemas aún no están suficientemente desarrollados y, por lo tanto, no posibilitan la obtención de la información necesaria para proceder a la reformulación del modelo.
RECOMENDACIONES
En función de los resultados del trabajo que reflejan las 23 conclusiones del informe, el Consejo de Cuentas emite cinco recomendaciones, las cuatro primeras dirigidas a cada una de las universidades públicas con diversas sugerencias en función de sus respectivas situaciones en el proceso seguido para la implantación del sistema de contabilidad analítica.
Finalmente, el Consejo recomienda a la Consejería de Educación realizar una serie de actuaciones, como fijar un calendario propio para la implantación del SCA en las universidades y participar activamente en los procedimientos para garantizar la homogeneidad de los parámetros básicos del sistema.
En última instancia, una vez que los sistemas de contabilidad analítica estén plenamente operativos y posibiliten obtener información fiable, contrastable y concluyente, el Consejo recomienda reformular el tramo básico del modelo de financiación de las universidades públicas de Castilla y León, e incluir en el modelo, en el marco de un contrato-programa de duración plurianual, otras variables adicionales para calcular los tramos de financiación de las inversiones y la investigación, y la vinculada a la consecución de objetivos y a programas de mejora de la calidad.
