16 de octubre de 2019
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  • 19 de septiembre de 2009

    Los padres de la nigeriana muerta a manos de su novio en Parquesol, en Valladolid, piden 25 y 30 años de cárcel

    Personados por separado como acusación particular, consideran que los hechos con constitutivos de un delito de asesinato

    VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

    Los padres de la joven nigeriana Eki María M.J. solicitan penas que oscilan entre los 25 y los 30 años de cárcel para el joven David A.S, presunto autor del asesinato de su hija ocurrido el día 12 de septiembre de 2008 en el domicilio de la víctima, donde, según sostienen los progenitores, personados en la causa por separado como acusadores particulares, el procesado, movido por los celos y su negativa a romper la relación que mantenían, acabó con su vida tras golpearle en la cabeza con un objeto.

    Tanto el padre, de nacionalidad española, como la madre, nigeriana, consideran que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y solicitan, respectivamente, para el presunto responsable penas de 25 y 30 años de cárcel y el pago de indemnizaciones por importe de 200.000 y 100.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

    Además, el progenitor de Eki María, quien entiende que concurren las agravantes de alevosía y ensañamiento, solicita la prohibición del procesado de aproximarse a los familiares de la víctima durante 35 años, mientras que la madre, que incluye a mayores como agravantes el abuso de superioridad y el parentesco, pide que se prohíba al supuesto asesino residir en Valladolid por espacio de diez años tras el cumplimiento de la condena, junto con otras medidas de seguridad.

    Mañana domingo, día 20, los progenitores de la fallecida tienen previsto celebrar una misa, a partir de las 12.30 horas, en Cardeñosa (Ávila), localidad natal del padre y donde se encuentran enterrados sus restos.

    RUPTURA DE LA RELACIÓN

    Los hechos, pendientes aún de calificación por parte del fiscal y de la defensa y que serán enjuiciados por el procedimiento de jurado popular, se remontan a l tarde del 12 de septiembre de 2008 cuando la víctima concertó un encuentro con David A.S. en el domicilio de ella, en el número 8 de la calle Manuel Silvela, donde le comunicó su decisión de poner fin a la relación sentimental que mantenían durante varios meses debido a su propósito de volver con su antiguo novio.

    Sin embargo, las acusaciones sostienen que el procesado, que cuenta con numerosos antecedentes policiales y penales y que había salido de prisión el día anterior a los hechos objeto de juicio, reaccionó de forma violenta y tras agredir a la joven con los puños y causarle lesiones en la zona malar izquierda que la dejaron aturdida le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto romo que le produjo una fractura craneal y una herida inciso contusa.

    Acto seguido, siempre según la tesis de los padres de Eki María, el acusado arrastró a su víctima, semiinconsciente y desangrándose, y la introdujo en la bañera de la vivienda con el fin de "incrementar deliberadamente la agonía y el dolor, tras agonizar como consecuencia del hematoma subdural intracraneal producido".

    Mientras tanto, el joven se dedicó a limpiar la sangre con una fregona y productos de limpieza, ordenando posteriormente la casa. Una vez hubo terminado, "con el fin de rematarla la golpeó de nuevo en la cabeza con el mismo objeto romo, haciéndolo con tal intensidad que le produjo una herida de cinco centímetros".

    Más tarde, David A.S. introdujo el cuerpo sin vida de la joven en posición fetal en una maleta-troley de 70 por 50 centímetros que había en el domicilio y a bordo de un turismo alquilado la trasladó hasta las cercanías de Tariego de Cerrato (Palencia) para deshacerse del cadáver. Allí, en una zona de difícil acceso, concretamente en una nave del paraje Collantes de Tariego, depositó la maleta enterrada entre ladrillos y pajas.

    Los acusadores mantienen que el presunto asesinó se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando acometió a su novia y que no padecía alteración mental alguna, además de que no hay evidencias de que se encontrara bajo los efectos de sustancias que modificaran o anularan su imputabilidad a efectos penales.