Foto: EUROPA PRESS
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VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El que fuera administrador único de la empresa constructora Rialcat S.L, con sede social en Tordesillas (Valladolid), Ricardo Alonso, fugado en el verano de 2008 a Fuerteventura tras dejar una deuda a distintas empresas subcontratadas y bancos de casi millón y medio de euros, ocupará el banquillo de un Juzgado de lo Penal de Valladolid, que podría condenarle a una pena de cuatro años de prisión.
Esa es al menos la petición provisional de pena del Ministerio Fiscal, que encuadra los hechos en un delito continuado de estafa y, amén de la referida privativa de libertad, solicita el pago de una multa de 2.160 euros y en concepto de responsabilidad civil el abono de indemnizaciones a las empresas perjudicadas, en total trece mercantiles, por importe de casi 1.200.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El procesado compareció en septiembre de 2009 ante el juez de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del caso, y prestó por vez primera declaración en la capital del Pisuerga, ya que hasta la fecha sólo lo había hecho en el Juzgado de Instrucción 2 de los de Puerto del Rosario (Fuerteventura), precisamente después de que se entregara a la Guardia Civil y pusiera fin de este modo a una fuga durante la cual sus perseguidores llegaron a creer incluso que se hallaba en Rumanía, donde desarrollaba varias promociones urbanísticas.
El industrial reconoció entonces que el montante que adeudaba oscilaba entre los 2 y 3 millones de euros--inicialmente se barajaron cinco millones, 3 a las subcontratas y 1,9 a los bancos--y atribuyó lo ocurrido a que llegó un momento en que no pudo pagar y además los bancos se negaron a concederle crédito.
En su declaración, en la que estuvieron presentes tres acusaciones particulares en representación de media docena de empresas afectadas, entre ellas Construtec Castilla S.L, a la que adeuda más de 228.025 euros, Ricardo Alonso recordó que Rialcat S.L. fue constituida con un capital social de 3.000 euros, posteriormente ampliado a 90.000, y, sin embargo, apuntó que en 2007 la sociedad llegó a facturar una cifra de negocio por valor de cuatro o cinco millones de euros. Eso sí, el declarante precisó que no tenía bienes propios y que toda la maquinaria de la empresa era de alquiler.
