VALLADOLID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de Castilla y León criticaron un nuevo capítulo "en la larga lista de agravios y calumnias que vienen recibiendo por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma".
Según recordaron en un comunicado de prensa, en una entrevista concedida recientemente a Europa Press, el consejero de Educación, Juan José Mateos, afirmó que "los problemas derivados de la inclusión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía deberían de haber terminado ya" y atribuyó la demora en su resolución "a quienes decidieron judicializar el tema".
Según la portavoz de la Plataforma Padres por la Libertad de Valladolid, Susana Álvarez, "estas declaraciones del Consejero son absolutamente falsas, puesto que en la reunión mantenida con él a finales del curso 2007-2008, justo antes de que se implantase esta asignatura en la Comunidad Autónoma, fue el propio Consejero quien afirmó expresamente que la cuestión de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía debía resolverla el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".
Para el portavoz de la Plataforma León Educa en Libertad, Aurelio García Primo, "lo que sucede es que Juan José Mateos está en una situación muy delicada porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado ya más de 220 sentencias que amparan a casi 500 menores".
Y es que, como recordó García Primo, en las sentencias no sólo se reconoce el derecho a objetar en conciencia a EpC, sino que, además, se refieren explícitamente a la actuación de la Consejería en términos no demasiado favorables, ya que el TSJCyL afirma literalmente que "cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas" y añadió que "las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto".
Finalmente, Susana Álvarez indicó que "estas declaraciones ponen en evidencia nuevamente las contradicciones y falsedades con las que se ha caracterizado la postura de la Consejería de Educación desde que se inició el conflicto en torno a estas polémicas asignaturas. Los padres hemos tenido que defender legítimamente nuestros derechos ante el Tribunal Superior de Justicia porque el Consejero no nos dejó otra opción".
