MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de justicia gratuita por "quebrar" el criterio de cercanía en la justicia, "vulnerar" las competencias de las comunidades autónomas y generar inseguridad jurídica.
El PSOE y la Izquierda Plural también han avanzado que pedirán al Gobierno la devolución de este proyecto que fue aprobado el pasado febrero en el Consejo de Ministros. El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió que amplía este derecho a asociaciones de víctimas de terrorismo, de consumidores y usuarios y de discapacitados cuando actúen en defensa de sus intereses.
En su enmienda a la totalidad, el Grupo Vasco denuncia que sigue sin saber a dónde han ido a parar el dinero recaudado con las nuevas tasas judiciales y sobre el cual el Gobierno se comprometió a destinar a la financiación de la Justicia Gratuita. Sin embargo, esta cuestión no se aclara en el proyecto de ley ni las comunidades han recibido "un solo euro".
Según el escrito, el Gobierno ha obviado de forma "absoluta e injustificada cualquier previsión legal" a este respecto pese a "reconocer que el modelo de asistencia gratuita es insostenible sin su financiación por medio de lo recaudado en concepto de tasas judiciales". "Convierte en cuasi-inviable el sistema de asistencia jurídica gratuita recogido en este Proyecto de Ley", añade.
DESTINO DE LAS TASAS DESCONOCIDO
El portavoz del Grupo Vasco en Justicia, Emilio Olabarria, ha denunciado que el Gobierno "no ha destinado ni un solo euro de los más de 300 millones recaudados en tasas" a financiar este servicio y que las comunidades autónomas con esta competencia han tenido que afrontarlo con sus propios recursos.
A su juicio, se ha perdido una gran oportunidad de consolidar un buen servicio de justicia gratuita y el proyecto es "especialmente injusto" ya que en época de crisis económica aumenta el número de litigantes que necesitan protección.
La enmienda de totalidad critica que no se han respetado las competencias de las Administraciones públicas competentes en este servicio y se las "usurpa la función de ejecución de la legislación aplicable". Además, critica que se obligue al abogado de cualquier territorio a trasladarse en tres horas a la instancia correspondiente y cree que ello quebranta la cercanía que garantiza la justicia.
