MADRID/VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP, CiU, UPyD y UPN han rechazado este jueves en el Congreso de los Diputados que se cierre de forma definitiva la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en la votación de uno de los puntos de una moción presentada por el PSOE en materia energética, donde pedirá el cierre de la instalación atómica.
El texto fue sido debatido este miércoles y se ha votado en el Pleno del Congreso de este jueves. Ha obtenido igualmente la abstención de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el voto a favor del cierre de la central, aunque insuficiente, del resto de grupos parlamentarios.
El portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, indicó ayer que el único punto que no compartía de la moción socialista es el que pide el cierre de Garoña, al tratarse de energía barata por estar amortizada la planta atómica.
"Para un país tener centrales de energía amortizada es energía barata y parece que ahora no nos interesa tener energía barata. Me gustaría saber por qué mantienen los peajes archiamortizados en el País Vasco", agregó.
SÍ A CERRAR GAROÑA
Mientras, desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, recordó que aparte de pedir el cierre de Garoña su grupo parlamentario siempre ha solicitado el cese de todo el parque nuclear español, al estar, entre otros puntos, "envejecido".
El portavoz económico del PNV, Aitor Esteban, afirmó que iba a votar este jueves a favor de que Garoña cerrase sus puertas porque, según insistió, no hay razones ni técnicas, ni económicas, ni políticas que avalen su continuidad al tratarse de una central "amortizada" y que cubre el 1 por ciento del consumo español.
"Es irrelevante desde el punto de vista de garantía de suministro, contando con la oposición de los ayuntamientos y la sociedad. Además, las propietarias parece ser que tampoco están por la labor por que Garoña continúe", indicó.
Precisamente, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles en el Congreso que la decisión de una previsible reapertura de la central nuclear es "técnica" y "no política" y depende de su empresa propietaria, Nuclenor (Endesa e Iberdrola al 50%) y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), preguntado por el PNV en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Por su parte, Xabier Mikel Errekondo criticó que el Gobierno decida mantener en su reforma energética la energía nuclear que es "contaminante y sucia". Desde Amaiur siempre han pedido el cierre definitivo de la instalación atómica, por lo que posiblemente apoyará este jueves al PSOE en su petición.
"Por capricho de Soria pondrá en peligro atómico la salud de miles de personas a pesar de que la sociedad vasca le ha pedido el cierre de la misma. Sin ir más lejos este sábado por las calles de Vitoria", añadió.
LA SITUACIÓN DE GAROÑA
Garoña es la central nuclear más antigua de España y desde diversos ámbitos se ha solicitado su cierre y desmantelamiento total pues, como recuerdan, ya ha cumplido con su vida útil de 40 años para la que está diseñada para operar, y también porque dispone del mismo reactor que el de la central nuclear de Fukushima, que provocó un desastre de enormes dimensiones en marzo de 2011 y que ha conllevado una nueva normativa internacional en material atómica.
Aunque la última palabra la tiene la empresa propietaria de la instalación atómica, Nuclenor (Iberdrola y Endesa, al 50%), el pasado 21 de febrero el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el decreto de combustible nuclear que permitiría a Garoña solicitar su reapertura.
Esta norma establece la posibilidad de que el titular de una instalación nuclear pueda solicitar una renovación de la autorización de su licencia de explotación siempre y cuando no haya afección a la seguridad nuclear, a la protección radiológica y que el cierre no haya sido derivado de alguna de estas circunstancias.
Este precisamente es el caso en el que se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que, en la actualidad, se rige por una licencia de cese de explotación.
Garoña no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la entrada en vigor del impuesto sobre la producción en centrales nucleares, que estableció la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, Nuclenor decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, una cantidad que consideraba "inasumible".
En un principio la planta debería haberse cerrado en julio de 2009, año en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió ampliar su permiso de explotación cuatro años más, hasta el 6 de julio.
Ya con el Ejecutivo 'popular' de Mariano Rajoy, en julio de 2012, se procedió a modificar este decreto de cierre, concediendo a la instalación burgalesa la posibilidad de solicitar su prórroga de explotación hasta 2019.
No obstante, Nuclenor no presentó solicitud alguna ante la incertidumbre que a su juicio podría crearse con el nuevo impuesto sobre la energía nuclear antes mencionado, así como la inversión de más de 100 millones de euros que supondría reabrir la planta atómica.
