Jesús Enríquez apunta que la vía judicial sigue abierta y considera que hay dos resoluciones "alentadoras" para el Ayuntamiento
VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid se ha servido de su mayoría absoluta para aprobar unas conclusiones en la comisión de investigación sobre la parcela de Finca Zambrana en las que se aprecia que de la actuación administrativa y política del Consistorio "no se puede derivar algún tipo de responsabilidad política" en el "éxito provisional y parcial" de las pretensiones de los propietarios de la misma, a quienes el Juzgado reconoce el derecho a recibir cerca de 20 millones de euros a cambio de la expropiación.
Tras una mañana en la que se han aprobado definitivamente las actas de las distintas sesiones, incluidas las que presentaban diferencias entre lo recogido por las grabaciones y lo incluido en el texto, y los grupos políticos se han intercambiado sus conclusiones --48 folios las de IU, 41 las del PSOE y ocho las del Grupo Popular-- se ha vuelto a reunir la comisión para debatir las mismas.
Así, según el portavoz del PP, Jesús Enríquez, su grupo ha presentado unas conclusiones "claras" en las que no se han apreciado hechos en la actuación política y administrativa del Consistorio que impliquen responsabilidades del alcalde, Francisco Javier León de la Riva; y los concejales que fueron responsables del área de Planeamiento en los más de seis años que ha durado el litigio, Manuel Sánchez y Cristina Vidal.
En cuanto a posibles decisiones técnicas y jurídicas que pudieran haber influido en el desarrollo de los hechos, Enríquez ha puntualizado que en su momento se determinará sobre ellas.
Los grupos Socialista y de Izquierda Unida han votado en contra pese a que, según Enríquez, han manifestado su acuerdo en las cuestiones preliminares a la Comisión y en algunas de las conclusiones sobre el funcionamiento de las reuniones, sobre todo en el caso del PSOE, cuyo dirigente en el Ayuntamiento, Óscar Puente, ha actuado como presidente de la Comisión por propuesta del alcalde.
Enríquez ha insistido en que el regidor "no se ha desentendido" de la situación ya que, de hecho, ha suscrito varias actas políticas, sobre todo las acordadas en los últimos tiempos, como el inicio de la modificación en el planeamiento relativa a la utilidad de la parcela que se considera suelo de sistemas generales. Sin embargo, ha matizado que "confió en sus delegados".
También ha considerado el PP que el alcalde no ha ejercido "influencia" alguna en las pretensiones de la Comunidad de propietarios, que reclamaban un pago por expropiación de 96 millones de euros, una cantidad que, según las palabras de Enríquez, ha quedado claro durante la Comisión que los técnicos municipales consideraban "inasumibles".
Durante estos siete años, "todos los técnicos" que han comparecido en la comisión han manifestado "multitud de reuniones" con los propietarios del suelo, a quienes plantearon la posibilidad de modificar el planeamiento de la parcela para acceder a sus pretensiones de que fuera suelo urbanizable y, de hecho, se les solicitó en octubre de 2007 un proyecto de convenio como, según Enríquez, suele hacer en casos similares.
Sin embargo, no llegó esa propuesta hasta "casi tres años después", en junio de 2010, cuando se abrió el expediente de modificación dentro del PGOU. En ese trámite comenzó a trabajar la actual edil de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, cuando llegó al cargo en 2011, cuando se comunicó a los propietarios la "solución" de la revisión del PGOU en una reunión con el gerente de Urbanismo, David Santana.
"NUNCA SE ESTIMÓ LA EXPROPIACIÓN"
"Nunca se estimó la apertura del proceso de expropiación porque no era admisible y no se cumplía el requisito del reglamento de Urbanismo de que el suelo tuviera interés público o social para el Ayuntamiento", ha recalcado Enríquez quien, no obstante, ha reconocido que el equipo de Gobierno sí que está de acuerdo precio fijado por la Comisión Territorial de Valoración de la Junta --17,6 millones de euros-- pero en ningún caso con que el Consistorio tenga que comprar esa parcela.
Por ello, ha manifestado que pese a la sentencia judicial del pasado mes de enero que establece "en primera instancia" el pago de un total de casi 20 millones de euros por la expropiación más los intereses, "todavía está por ver si hay que pagarlo o no" e incluso ha citado dos resoluciones "alentadoras" para los intereses municipales que han permitido aplazar cautelarmente el pago de la cantidad pretendido por los propietarios debido a que el Ayuntamiento ha presentado recurso.
Estas conclusiones se llevarán al próximo Pleno municipal previsto para el día 7 de mayo, en el que se producirá un debate entre los grupos por las diferencias en las conclusiones. Sobre las cuales ha considerado que "estaban escritas y preconcebidas" antes de la celebración de la Comisión, pues "no les interesaba investigar", sino obtener un "precio" político.
En cuanto a las conclusiones del PSOE ha criticado que ha parecido que "defendía intereses privados" durante las sesiones de la comisión, más que la labor municipal. De hecho, ha reprochado que en su opinión sobre las responsabilidades de la gestión se refieran concretamente a determinados funcionarios cuando, a su juicio, el órgano constituido debería limitarse al ámbito político.
En cuanto al documento presentado por Izquierda Unida, el edil del PP ha interpretado que contienen alguna "contradicción" como la tesis de que, según su relato, "los funcionarios del servicio lo han hecho bien" y "atribuyen las responsabilidades a los políticos que los han nombrado". En este sentido, ha reiterado que la gestión ha sido llevada en último término por esos trabajadores del Ayuntamiento.
También ha querido reprochar "filtraciones interesadas" de los grupos de la oposición tanto antes de la constitución de la Comisión como durante la misma y se ha referido específicamente a las discrepancias señaladas por Izquierda Unida en el texto de la sesión en la que comparecieron el alcalde y los concejales Vidal y Sánchez.
Enríquez ha aseverado que el representante de IU en la comisión, Manuel Saravia, "faltó a la verdad" porque ha defendido que la concejal de Urbanismo no incurrió en contradicciones sobre la información al alcalde de los trámites referidos a la parcela. "La señora Vidal respondió con toda rotundidad que sí", ha subrayado, si bien ha apuntado que si se "extraen frases sueltas" en algún momento señaló que "no recuerda bien".
