LEÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Procurador del Común ha pedido que se evite la discriminación de los profesionales sanitarios no asistenciales en el acceso a la función pública y en el desarrollo de su carrera profesional ante la queja suscrita por más de 450 profesionales no asistenciales (veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, matronas o fisioterapeutas) que piden que se convoquen los procesos selectivos mediante concurso-oposición en el que se valoren sus méritos, en algunos casos, tras décadas de servicio.
El Procurador del Común recibió una queja, a la que se acumularon otras 455 planteadas en idénticos términos, en la cual se denunciaban las deficientes condiciones profesionales de los casi 2.000 sanitarios no asistenciales que desarrollan las funciones de salud pública, seguridad alimentaria, administración y gestión en la Administración sanitaria de la Junta de Castilla y León.
En la queja se afirmaba que el colectivo de personal funcionario de los distintos Cuerpos vinculados con la Escala Sanitaria no asistencial se encuentra discriminado respecto a los empleados públicos estatutarios pertenecientes a los servicios asistenciales del Sacyl, los cuales tienen valorada y reconocida su experiencia profesional en el acceso con carácter definitivo a la Administración sanitaria de Castilla y León, en sus labores de docencia y formación, así como en el posterior desarrollo profesional, con el establecimiento de la correspondiente carrera profesional.
En su resolución, remitida a Europa Press, el Procurador del Común ha emitido una resolución en la que reclama la utilización del sistema de concurso-oposición en las convocatorias de los procesos selectivos de teterinarios y farmacéuticos, cuerpo facultativo superior y escala sanitaria derivado de la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad para el año 2017.
Asimismo, que se acometan las actuaciones oportunas para reconocer el citado derecho a este colectivo, previas las modificaciones legales que resulten pertinentes y la tramitación del correspondiente proceso negociador en el marco de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla y León.
Por último, solicita que se garantice el cumplimiento al deber de la Administración pública de facilitar la formación continuada a los profesionales de la salud pública no asistencial.
