VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) - Por ello, el procurador socialista, quien ha acusado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y por extensión al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de cometer una auténtica "injusticia" que afectaría en Castilla y León a 22.701 dependientes, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley para instar al Ejecutivo autonómico a aplicar a este colectivo los criterios de la resolución aprobada el 13 de julio de 2012 por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, en lugar de la criticada orden de ámbito regional de fecha 30 de julio.
