El proyecto de Decreto de gestión clínica se adapta a la sentencia del TSJ
VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Gerencia Regional de Salud ha garantizado este miércoles que las nuevas propuestas incluidas en el proyecto de Decreto de gestión clínica permiten evitar cualquier valoración relativa a los riesgos de privatización de estas unidades de gestión o de un funcionamiento distinto al que está establecido en la sanidad pública de Castilla y León.
Según ha indicado la Gerencia en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, las normas de funcionamiento serán las mismas de modo que lo que se modifica es la autonomía con la que los profesionales pueden organizar su trabajo de acuerdo con sus criterios clínicos que deben tener en cuenta como aspecto fundamental la situación y las necesidades de los pacientes.
"El proyecto de gestión clínica no tiene como finalidad el ahorro de recursos, sino la adecuación a los criterios clínicos y científicos de la práctica clínica y la asistencia a los pacientes", han reiterado desde la Gerencia que ha insistido en su reunión este miércoles con los sindicatos que de lo que se trata es de confiar en los profesionales y facilitar su autonomía en la organización de su trabajo.
Otro de los objetivos de este proyecto de Decreto es ceder poder por parte de los gestores y de los sindicatos a favor de los profesionales, "que son quienes mejor conocen las necesidades de sus pacientes".
Para ello, han explicado las mismas fuentes, los requisitos para constituir una unidad de gestión clínica tienen en consideración la actividad que van a desarrollar, los indicadores de calidad y de resultados, los de seguridad, de gasto, de formación continuada y de investigación.
El proyecto se adapta también a la sentencia del TSJ que, según la Gerencia, en lo fundamental avala el modelo de gestión clínica, "pues establece que está prevista en la legislación estatal y en la de la comunidad autónoma; que es una potestad organizativa de la Gerencia regional de salud y que no modifica el ordenamiento vigente en materia de condiciones laborales y retributivas".
Las mismas fuentes han reconocido que el fallo del alto tribunal establece, también, que la creación de las UGC supone la modificación de las funciones de algunos puestos de trabajo "y, por tanto, debe ser objeto de negociación sindical en la Mesa Sectorial" para lo que se ha redactado el proyecto presentado este miércoles.
LOS CAMBIOS
En concreto, la Gerencia ha presentado a los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial sanitaria el proyecto de Decreto por el que se regulan las Unidades de Gestión Clínica en el Servicio de Salud de Castilla y León. Los cambios incorporados al proyecto son fruto de las reuniones mantenidas en la Mesa Sectorial y en la Mesa General, del Consejo Castellano y Leonés de Salud y de las propuestas de sociedades científicas y colegios profesionales.
Así, en el proyecto se ha reforzado la consideración de las Unidades de Gestión Clínica como una forma de organización de los centros públicos, que tienen carácter público sin estar dotadas de personalidad jurídica propia. "Forman parte, pues, de los hospitales y centros de atención primaria; los profesionales que formen parte de estas unidades mantendrán su carácter de trabajadores públicos, estatutarios, funcionarios o laborales", han explicado las mismas fuentes.
En su artículo 3 señala que los profesionales de los equipos, servicios, secciones o unidades asistenciales que pasen a conformar una Unidad de Gestión Clínica seguirán manteniendo la misma relación jurídica administrativa de vinculación con la Gerencia Regional de Salud y también se garantiza que aquellos profesionales que decidan no incorporarse a esta nueva organización mantendrán su actual estatus laboral.
En lo que respecta al funcionamiento de las unidades de gestión, el proyecto contempla que tanto la contratación de los profesionales como la adquisición de bienes y servicios se realizará de acuerdo con las actuales normas de funcionamiento. "En el artículo 2 se reitera que "las Unidades de Gestión Clínica, y sus profesionales, actuarán con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico de general aplicación a los centros e instituciones sanitarias del Servicio Público de Salud de Castilla y León", han aseverado las mismas fuentes.
