La plataforma Santovenia Unida inicia sus movilizaciones con una cacerolada el 9 de junio y varias manifestaciones durante tres semanas
VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
La localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga aglutina el 62 por ciento de la ocupación en la provincia desde 2008, un total de 26 viviendas, una situación que ha llevado a los vecinos del municipio a organizarse en una plataforma con el objetivo de visibilizar este "problema" y que ha organizado una serie de movilizaciones y protestas que arrancarán el próximo martes, 9 de junio, con una cacerolada a las 20.00 horas.
El pasado miércoles el subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, se reunió con los alcaldes de los municipios de Cabezón, Zaratán, Renedo, Cigales y el de Santovenia de Pisuerga. Todos ellos habían solicitado un encuentro para tratar de determinar protocolos de actuación en caso de nuevas ocupaciones y conocer cómo se encontraban los procesos de desahucios en estos municipios.
El subdelegado del Gobierno, Emilio Álvarez, expuso en dicha reunión que no se trata de un problema de "ahora", que se haya multiplicado aprovechando el confinamiento, sino que arranca en 2008 con la crisis financiera. "Determinadas familias de Valladolid vieron como mejor opción ocupar pisos en el alfoz aprovechando que habían quedado vacíos por la crisis inmobiliaria", recuerda el subdelegado a Europa Press para apuntar que, desde ese año, hay un total de 42 viviendas en esta situación en toda la provincia.
En este sentido, comunicó a los regidores un protocolo a seguir para prevenir o evitar esta situación utilizando los cauces que la legalidad establece para ello. "Es importante actuar cuanto antes", advierte Emilio Álvarez. "Si los vecinos ven movimientos sospechosos, lo primero que tienen que hacer es avisar al dueño para que este se presente en la vivienda y denuncie la situación", ha explicado.
El subdelegado, no obstante, reconoce que ha habido muchos problemas al respecto, ya que la mayoría de las casas ocupadas pertenecen a bancos o al Sareb, lo que ha facilitado la ocupación. "En todo caso, si no se logra contactar con el propietario habría que avisar al 1-1-2 o a la Guardia Civil", continúa.
Emilio Álvarez ha insistido en que poder evitar la ocupación es lo "más efectivo" ya que depende como haya sido esta, con intimidación y violencia o sin ella, puede "dilatar" más el proceso de desahucio. En este punto, también ha reconocido que, aunque los procesos judiciales han estado parados por la pandemia, el lunes arrancarán y poco a poco la Justicia los irá resolviendo.
APELA A LA TRANQUILIDAD
En todo caso, el subdelegado ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" de la población. "Entendemos que si hay gente que ocupa las viviendas y tienen comportamientos incívicos haya preocupación y malestar", pero los problemas pueden ser mayores, ha advertido, si los ciudadanos se toman la "justicia por su mano".
Por eso, insiste, es importante recurrir a los "cauces legales". "Se van a llevar a cabo todos los desahucios que la Justicia considere", explica para asegurar que aquellas viviendas "más problemáticas" están controladas por la Guardia Civil. En este punto, rechaza que haya sensación de inseguridad en municipios como Santovenia, y habla de hechos "aislados".
Algo con lo que no está muy de acuerdo la plataforma Santovenia Unida, colectivo vecinal que ha nacido en la localidad para denunciar esta situación. Con más de un centenar de integrantes, ha programado movilizaciones para "visibilizar" el problema.
En este sentido, el próximo martes, 9 de junio, llevarán a cabo una cacerolada en el municipio a las 20.00 horas. Posteriormente, y durante tres semanas, todos los martes y jueves habrá manifestaciones por las zonas donde se encuentran las viviendas ocupadas.
Emilio Álvarez ha matizado que la Subdelegación del Gobierno no autoriza o deja de hacerlo este tipo de protestas. "Solo se pueden prohibir en determinadas circunstancias como hicimos con la de Vox, al contar con un informe de la Consejería de Sanidad que desaconsejaba la misma ya que podía poner en riesgo la salud de la población. El Tribunal Superior de Justicia, que debe tener más criterios sanitarios que la Consejería, decidió que esto no era así y por eso se llevó a cabo", reconoce.
"Tenemos conocimiento de estas movilizaciones y nosotros lo único que haremos será aportar efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado para impedir cualquier tipo de accidente y que se desarrolle según estipula la normativa en cuanto a distancia de seguridad y uso de mascarillas", continúa para concluir apelando a la "responsabiliad ciudadana". "Insisto en que los procesos judiciales se han iniciado y la Subdelegación del Gobierno no está cruzada de brazos. Se están dando todos los pasos oportunos para solucionar este problema, por eso hago un llamamiento a la tranquilidad para evitar cualquier tipo de problemas", finaliza.
