VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha mantenido un encuentro hoy en Valladolid, con las entidades del Tercer Sector en el que ha explicado el novedoso sistema de atención integral a las víctimas de violencia de género que pretende poner en marcha la Junta de Castilla y León antes de que finalice el año.
Esta reunión ha servido como punto de partida para establecer los cuatro grupos de trabajo que contribuirán al diseño del nuevo sistema denominado 'Objetivo Violencia Cero', basado en la coordinación de todos los recursos disponibles, así como la implicación de todos los agentes que intervienen en cada una de las etapas del proceso, tanto públicos como privados, y que abordarán el estudio de las necesidades de las víctimas, el modelo de intervención con la víctima, el proceso de intervención en red y las claves para una implicación de la sociedad, tal y como ha recogido Europa Press en un comunicado.
La meta es prestar a cada víctima una atención integral e individualizada desde el "minuto cero" en que se produzca el primer síntoma de violencia, de forma que garantice su seguridad y su autonomía, así como la de sus hijos y personas que de ella dependan, para así lograr la integración social y la vuelta a la vida normalizada.
Todos ellos tratarán de dar respuesta a las tres claves que sustentan el modelo, como son la atención integral, el enfoque proactivo y la implicación de toda la sociedad.
Cada grupo de trabajo estará constituido por miembros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, las corporaciones locales, otras administraciones públicas y entidades y asociaciones del tercer sector implicadas en la prevención y en la atención directa a las víctimas.
CUATRO GRUPOS DE TRABAJO
El primer grupo estudiará las necesidades de las víctimas en función de los niveles de riesgo y condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de conocer desde el primer momento qué necesidades presentan los diferentes colectivos de afectados ante la violencia de género "antes, durante y después de la denuncia" y "analizar los posibles niveles de riesgo y grados de complejidad de los casos, sobre todo por la especial vulnerabilidad de determinados colectivos (mujeres con discapacidad, inmigrantes, pertenecientes a minorías étnicas, jóvenes y mujeres mayores, violencia de género en el medio rural, prostitución...)".
Por otro lado, el modelo de intervención con las víctimas está encargado de confeccionar un sistema de intervención que abarque una atención integral, desde la detección hasta el seguimiento de los casos, a través de su profesional de referencia.
Además, establecerá los instrumentos de valoración de necesidades y del riesgo, que compartirán todos los profesionales que intervienen, y determinará el contenido de los planes de intervención individualizada y planes personalizados de seguridad y autonomía para las víctimas de alto riesgo, que aborde medidas policiales y sociales de manera conjunta.
Para ello, debatirán sobre la importancia de la detección precoz, sobre las puertas de acceso a la red de protección de las víctimas, sobre quién puede y debe establecer el nivel de riesgo, sobre el contenido de la valoración social y de los planes individualizados de seguridad y autonomía. Asimismo, abordarán la coordinación del caso, la seguridad en situación de grave riesgo sin denuncia y las estrategias para proporcionar autonomía a la víctima.
En tercer lugar, el modelo de intervención persigue la implicación de las administraciones (central, autonómica y local), instituciones, entidades y agentes de la sociedad en la confección de un verdadero sistema integrado de apoyo a las víctimas que trabaje en red para ofrecer al damnificado una respuesta "única y coordinada".
Dada la complejidad del sistema, el grupo partirá del análisis del papel y de las competencias de cada agente, y de los protocolos ya existentes, para después proponer mejoras, evitando solapamientos y zonas oscuras de actuación, así como estrategias para un trabajo en red y la posibilidad de definir las herramientas y los contenidos que configurarán los sistemas de información compartidos.
Al mismo tiempo, analizarán los contenidos mínimos en materia de igualdad y violencia de género que deberán constituir la formación de los profesionales que intervienen en cada ámbito (educación, sanidad, protección a la infancia, equipos de los juzgados...).
