Recuerda que el Código Penal ya recoge penas por agresiones a docentes y apuesta por su difusión para evitarlas
VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Stecyl-i ha apostado este jueves por alcanzar un Pacto en las Cortes que frene la caída presupuestaria que la Educación ha sufrido en los últimos cursos y por una aplicación de la Lomce que contemple aspectos como la estabilidad en las plantillas o la creación de bancos de libros de texto.
Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz de Stecyl, Pedro Escolar, quien en rueda de prensa ha demandado un pacto en el Parlamento regional "que impida la congelación y el retroceso del gasto público destinado a Educación", que ha caído un 20 por ciento.
"Ya hemos visto cuál ha sido el destrozo y hay que reconstruirlo", ha destacado el portavoz, quien ha solicitado además que se abra un marco de "diálogo, debate y negociación" sobre el desarrollo de la ley aunque, ha precisado, el acuerdo marco "no será posible" debido a las dificultades para alcanzar consensos con los profesores, lo que en cualquier caso "no es impedimento" para negociar con la administración.
Escolar, quien ha criticado el "inexistente" diálogo mantenido en torno a la Lomce así como la puesta en marcha de una Ley que defiende la calidad tras tres cursos consecutivos de "amplios recortes" que han afectado a los profesores y a la calidad, se ha referido a las demandas imprescindibles para Stecyl en el marco de la Lomce.
El sindicato, mayoritario en el ámbito educativo, ha reclamado además el mantenimiento hasta el curso 2015/2016 de los libros de texto que se emplean desde el curso 2012/2013 y la creación de bancos de libros, punto en el que Escolar ha calificado de "desgracia" el gasto de más de 20 millones en becas y libros para registrar ahora necesidad de libros.
Un horario y un calendario escolar común para todos los centros públicos y concertados, la defensa de la Educación Artística y Física en Primaria y el mantenimiento de la coordinación por ciclos, así como un marco común básico de plantillas para todos los centros educativos públicos son algunas de las demandas planteadas por Stecyl, que ha criticado la concepción "neoliberal" de la educación, que "no es un producto que se ofrece en un mercado".
La implantación de la Formación Profesional Básica, la realización de evaluaciones en Primaria, ESO y Bachillerato y la difusión del resultado, así como la mejora de la implantación de nuevas tecnologías en la educación y la apuesta por los idiomas de la UE, campo en el que se engloba un mayor esfuerzo presupuestario para la formación permanente del profesorado de idiomas y la revisión de las secciones bilingües, son algunas de las demandas de Stecyl en referencia a la Lomce.
Escolar ha incidido en aspectos como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en las plantillas docentes, punto en el que ha cifrado en 4.000 el número de interinos con que cuenta el sistema en la actualidad. "¡Qué reforma vamos a hacer si llenamos los centros públicos de plantillas inestables!", ha advertido antes de puntualizar que con medidas así "no se construye la calidad".
Medidas que favorezcan el trabajo en equipo del profesorado, la "desburocratización" del trabajo docente, la negociación de Planes Regionales sobre reducción del fracaso escolar, el destino de fondos públicos a la enseñanza pública y la congelación de los conciertos con empresas privadas, entre otras, completan el listado de demandas de Stecyl, que prevé también reclamaciones para la sustitución inmediata de las bajas y la mejora de la oferta en el medio rural.
LA LEY DE AUTORIDAD, UNA "CORTINA DE HUMO"
Por su parte, Cristina Fulconis ha analizado la Ley de Autoridad del Profesorado que se aprobará a finales de este curso y sobre el que les hubiera gustado trasladar su punto de vista en las Cortes, ha reconocido antes de recalcar que, no obstante, ya han trasladado a los grupos el documento con sus propuestas.
Entre ellas figura el recordatorio de que la propia Lomce establece, en uno de sus apartados, que los profesores son autoridad pública, la sugerencia sobre la necesidad de que los centros reflexionen sobre sus planes de convivencia y el aval del Código Penal, que ya recoge penas por agresiones.
En este sentido Fulconis, quien ha apostado por la valoración y el reconocimiento social de los docentes, ha considerado que el hecho de dar a conocer la existencia de esas penas podría ya poner freno a las agresiones, a lo que ha sumado la necesidad de disponer de asistencia jurídica pública.
"Con la promulgación de la ley no se avanza en el reconocimiento público de los docentes", ha aseverado antes de puntualizar que la norma no va a propiciar la valoración del trabajo del día a día.
Asimismo, ha considerado que esta norma, como las que se han aprobado en otras comunidades en el mismo sentido, no aporta "nada nuevo" ni en el campo de la convivencia ni en el de la figura jurídica del profesorado.
"Pretende servir como cortina de humo ante todos los recortes", ha señalado Fulconis antes de que Pedro Escolar considerara que se persigue más el "autoritarismo" que la autoridad y de equiparar la norma con un "placebo" que llega después de los "tantos palos" que se ha dado al colectivo docente.
