SEGOVIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría Provincial de Segovia detuvieron a un ciudadano argelino, cuyas identidad responde a las iniciales B.P, de 36 años, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y otro de estafa.
El detenido, tras haberle tomado la oportuna declaración, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Segovia, según explicó hoy la Subdelegación del Gobierno, en una nota de prensa recogida por Europa Press.
Los hechos fueron denunciados por un inmigrante que testificó ante la Policía que había pagado más 24.000 euros al presunto estafador para que este legalizase la situación de sus siete familiares, consiguiendo las autorizaciones de residencia y trabajo preceptivas. Documentación que nunca se presentaba ni tramitaba ante los órganos administrativos.
Tras la investigación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Segovia, en colaboración con la Subdelegación del Gobierno, en el marco del Plan de Control de la Inmigración Ilegal, se localizado al estafador y a las víctimas de las que presentaba las solicitudes de residencia y trabajo. El hombre fue entonces detenido y puesto a disposición judicial.
El subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo, anunció en rueda de prensa el pasado jueves, 12 de abril, que estaban abiertas distintas líneas de investigación para descubrir diversas tramas de estafadores que se han detectado en la provincia, y que explotan a su víctimas, bien una vez que se encuentran en España, o en su país de origen. Hay que decir que en muchos casos, estos estafadores no dejan ningún rastro administrativo, lo que complica la investigación. Además, las víctimas por lo general tienen miedo a denunciar estas prácticas, que en la mayoría de los casos les genera una sensación de impotencia y desasosiego, "algo que no vamos a tolerar en un Estado de Derecho como el nuestro. La Policía y la Guardia Civil velarán en Segovia para que esto no ocurra", afirmó el subdelegado del Gobierno.
Gordo animó además a los ciudadanos extranjeros que sufran este tipo de prácticas fraudulentas, o que conozcan casos, a que lo denuncien ante los cuerpos de seguridad del Estado o la propia Subdelegación del Gobierno.
