Madrid, 24 Jun. (EUROPA PRESS) - Por ello, también se le imputa un delito continuado de nombramiento para cargo público a penas sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello. La Fiscalía pide que se la inhabilite para cargo público por ocho años y las acusaciones popular y particular que además responda con 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.