VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado nº 5 de Valladolid ha admitido a trámite y ya investiga una denuncia presentada por la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) contra los patronos de la Fundación Emilio Álvarez por una presunta irregularidad en la gestión de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, una entidad privada cuyo fin es atender a personas sordas.
Según consta en un comunicado de prensa de la Federación de Personas Sordas de Castilla y León recogido por Europa Press, los hechos denunciados tuvieron lugar a lo largo de 2007, cuando el arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, que es el principal administrador de la Fundación y presidente de su Patronato, vendió unos terrenos por valor de seis millones de euros a la constructora Parkosa S.A, "de manera sorprendentemente barata, irregular y sin rendir cuentas a nadie".
En este sentido, la Federación de Personas Sordas de Castilla y León recordó que el propio Protectorado de Fundaciones exigió expresamente y por escrito que se presentaran varias ofertas distintas y públicas.
La Federación de Personas Sordas de Castilla y León aseguró en este comunicado que a lo largo de estos años ha detectado "multitud de irregularidades" en la gestión de la Fundación Emilio Álvarez, entre las que mencionó la pérdida de 685.000 euros que fueron a parar a Gescartera.
Del mismo modo, FAPSCL se refirió al cierre de instalaciones y despido de personas con discapacidad que trabajaban en el centro, al rechazo de subvenciones destinadas a mejorar las instalaciones de la Fundación o a la realización de diversas operaciones inmobiliarias "que nada tienen que ver con fines humanitarios".
Según recordó el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, Luis Alberto Redondo, el sacerdote Emilio Álvarez creó esta Fundación pensando en mejorar la vida de las personas sordas, "no con la intención de enriquecer a sus gestores".
"LAMENTABLES" EXPLICACIONES DEL ARZOBISPADO.
En este sentido, Luis Alberto Redondo consideró "lamentable" las explicaciones que ha recibido por parte del Arzobispado de Valladolid. "Sostienen que hoy en día las personas con discapacidad en España ya tenemos todas nuestras necesidades resueltas y que ahora prefieren dedicar la Fundación a nuevos fines. Dichos fines, al parecer, son negocios inmobiliarios que nada tienen que ver con una entidad sin ánimo de lucro", denunció el presidente.
A juicio de Luis Alberto Redondo, "estamos ante una gestión interesada y negligente de la Fundación por parte del Arzobispado" y puso como ejemplo el hecho de que en junio de 2001, días antes de que Gescartera fuese intervenida judicialmente, el Arzobispado retirase cerca de seis millones de euros. "Sin embargo, olvidó retirar los fondos de la Fundación y como resultado la entidad perdió los 685.000 euros que el Arzobispado había invertido en Gescartera", cuestionó el presidente de FAPSCL.
La Federación de Asociaciones Personas Sordas de Castilla León estima que los daños ocasionados hasta el momento a la Fundación pueden ascender a unos 16 millones de euros. "No obstante, los daños más graves se ocasionarían si finalmente el Arzobispado de Valladolid sigue adelante con todos los planes que tiene previstos para el restante Patrimonio de la Fundación", advirtió.
Por último, Luis Alberto Redondo acusó a los gestores de actuar como si estuvieran por encima de las Leyes. "Quizás han creído que al estar afectando a un colectivo tan vulnerable como el de las personas sordas no iba a producirse ninguna reacción. Pero no es así. Vamos a llegar hasta el final con este asunto", afirmó.
Según informó la Federación de Personas Sordas de Castilla y León, todos los hechos han sido denunciados ante la Fiscalía de Valladolid, la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, el Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.
