SALAMANCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el investigador Policarpo Sánchez contra la Generalitat por la salida de algunos de los documentos que salieron del Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
El investigador ha reclamado que el Departament de Cultura devuelva al Archivo General de la Guerra Civil "todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña".
Tras conocer la decisión judicial, Policarpo Sánchez ha reconocido sentir "una inmensa alegría y satisfacción" porque "es el reconocimiento al esfuerzo y preocupación de personas desinteresadas que, en defensa de la legalidad, se han levantado contra la injusticia y el canibalismo político de la Generalitat de Cataluña, que está acabando con un Patrimonio que pertenece a todos los españoles".
Según ha apuntado en un comunicado remitido a Europa Press, el decreto de admisión, que es "la primera resolución que dicta el Tribunal", demuestra que lo demandado por el investigador y su equipo "se ajusta a la legalidad, debiéndose continuar el procedimiento por sus propios trámites".
Ahora, tal y como ha señalado, "el siguiente paso es la remisión por parte de la Generalitat de Cataluña del expediente administrativo, dentro del plazo indicado, sin que quepan motivos para no obedecer al mandato judicial".
"Es de esperar que en esta ocasión cumplan con lo requerido, de forma contraria a lo sucedido a lo largo del procedimiento administrativo, en el que, por dos veces, tuvimos que exigir las responsabilidades oportunas para que nos informasen de cuestiones a las que estaban obligados", ha añadido.
RECURSO
En este sentido, durante las últimas fechas el investigador ha lamentado que la normativa "ha sido claramente vulnerada, al haberse restituido documentos y efectos que no cumplían estos requisitos" por lo que ha pedido al juez que depure "las responsabilidades que correspondan".
Sobre este asunto, Policarpo Sánchez ha remarcado en distintas actuaciones que la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 "deja claro que la Generalitat no adquiere la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no hubiesen podido restituirse, se dice expresamente que si esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos siguen integrando un archivo de titularidad estatal".
Asimismo, ha avanzado que también ha solicitado al juez el traslado al Archivo General de la Guerra Civil de "todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, en los términos previstos legalmente".
