VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Castilla y León ha solicitado paralizar el copago de fármacos de dispensación hospitalaria y ha mostrado su apoyo al recurso que se ha presentado desde la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León en contra de lo que consideran una "insistente imposición" por parte del Ministerio que dirige Ana Mato.
La formación magenta ha solicitado, en un comunicado recogido por Europa Press, al consejero Antonio María Sáez que articule un sistema de cobro que demore el pago por parte de los usuarios hasta que se resuelva de forma efectiva el recurso presentado ante los tribunales. De este modo, se pretende evitar la insumisión a la norma, así como los posibles sobrecostes derivados de la devolución de pagos si la resolución falla a favor del demandante.
En opinión de UPyD, el copago resulta "cruel, injusto e ineficaz" porque consideran que presenta un "claro fin recaudatorio a colectivos con enfermedades especialmente graves y limitantes", que además ya han sido gravados antes por otros copagos farmacéuticos.
Es "injusta" para la formación porque "crea diferencias entre los pacientes que reciben el tratamiento a domicilio y los que lo reciben mediante ingreso hospitalario u hospital de día, lo que incrementará el número de pacientes con el consiguiente aumento del gasto y del malestar de enfermos y familiares".
Y la califican de ineficaz también "porque carece de efecto disuasorio al tratarse de enfermedades de obligado tratamiento y no de síntomas menores, y el montante de su recaudación no alcanzaría los 200.000 euros, un 0,07% del presupuesto autonómico de farmacia hospitalaria, según datos de la Consejería de Sanidad".
Por su parte, el coordinador territorial de UPyD en funciones, Rafael Delgado, ha alertado de los riesgos de este tipo de política. "Cargar sobre los usuarios los costes del sistema público de Salud facilita el acceso a la empresa privada y se diluye el concepto de Sanidad pública y universal", ha recalcado.
El responsable de la Gestora Territorial recuerda que la Sanidad "no es un negocio" y que "estas privatizaciones encubiertas van a repercutir negativamente en los más débiles: los pacientes".
